El régimen de Nicaragua ha concedido una nueva licencia minera a cielo abierto a la empresa Toyar Inversión Minera S.A., de capital chino, otorgándole derechos sobre una extensión de 2.500 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Según información publicada este jueves por el Diario Oficial La Gaceta, el Ministerio de Energía y Minas autorizó la explotación de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado “Nuevos encuentros”, situado en el municipio de Nueva Guinea.
Durante los últimos dos años, el Ejecutivo dirigido por el dictador Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, ha entregado más de 20 concesiones mineras a empresas chinas, sumando en conjunto más de 500.000 hectáreas. Algunas de estas concesiones abarcan zonas protegidas como la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.
La Fundación del Río, organización liderada por el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha advertido que la entrega de estos permisos representa una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Ruiz explicó que, el pasado 6 de mayo, al aprobarse la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, fue derogado el decreto que regulaba las áreas protegidas mediante su reglamento.
La misma ONG ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, y sostiene que con las nuevas autorizaciones, las autoridades estarían legalizando estas actividades extractivas en zonas de conservación.
Organismos opositores nicaragüenses en el exilio, agrupados en la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), denunciaron recientemente lo que describieron como una “entrega masiva” de territorios indígenas a compañías mineras chinas por parte del régimen sandinista. Estas organizaciones calificaron la práctica de “ecocidio” y alertaron sobre la aprobación de varias concesiones dentro de áreas protegidas que incluyen la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, ambos en la frontera con Costa Rica.
En respuesta, los denunciantes exigieron al Estado de Nicaragua la inmediata anulación de todas las concesiones mineras consideradas ilegales y el respeto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Asimismo, llamaron a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos a condenar estas acciones y adoptar medidas concretas.
Según cifras oficiales, hasta finales de 2023 Nicaragua había otorgado un total de 299 concesiones mineras, de las cuales 172 corresponden a minería metálica y 127 a minería no metálica. El Banco Central de Nicaragua informó que las exportaciones mineras del país alcanzaron en 2024 un valor de USD 1.391,6 millones, lo que representa un incremento del 20,1% frente al año anterior.
(Con información de EFE)
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