El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, presentó ante la Knéset, el parlamento israelí, una propuesta legislativa para establecer un tribunal penal especial destinado a juzgar a gazatíes acusados de participar en las masacres y atrocidades del 7 de octubre de 2023, en un proceso que podría resultar en sentencias de muerte para los condenados.
Según la legislación propuesta, el tribunal estaría conformado por 15 jueces calificados para servir en la Corte Suprema de Israel o juristas internacionales que el ministro de Justicia, en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores, considere con las calificaciones apropiadas.
El tribunal tendría jurisdicción para juzgar a gazatíes capturados en Israel entre el 7 y el 14 de octubre de 2023, acusados de ser operativos de Hamas —que se cree suman cientos— por crímenes listados bajo la Ley israelí para la Prevención del Genocidio de 1950, basada en la Convención sobre el Genocidio de 1948.
El Estado podría solicitar la pena de muerte, aunque esa decisión necesitaría la aprobación del primer ministro en consulta con altos funcionarios de seguridad. Levin respalda la pena capital para quienes sean condenados por tales crímenes, y las acusaciones han sido redactadas para permitir que los sospechosos sean juzgados por delitos punibles con la muerte.
En un comunicado de prensa, Levin señaló que desde la invasión de Hamas del 7 de octubre se ha realizado un trabajo intensivo por parte de la Fiscalía del Estado, la policía y el Shin Bet, que llevaron a cabo investigaciones exhaustivas sobre los detenidos en Israel durante y inmediatamente después de los ataques, incluyendo la recopilación de “volúmenes sin precedentes de evidencia” contra ellos.
Se han elaborado borradores de acusaciones, pero debido al gran número de casos y las circunstancias especiales de los crímenes que supuestamente cometieron, Levin afirmó que surgió la necesidad de realizar varias enmiendas legislativas “para garantizar que el proceso legal se lleve a cabo de manera eficiente y que se haga justicia y se vea que se hace”.
El Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset ya comenzó las deliberaciones sobre la legislación, y Levin busca llevar el proyecto de ley a su primera lectura en la Knéset y avanzarlo lo más rápido posible, ahora que los rehenes vivos en poder de Hamas en Gaza han regresado.
La declaración de Levin fue emitida junto con el presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knéset, Simcha Rothman, y la diputada Yulia Malinovsky del partido de oposición Yisrael Beytenu.
La propuesta surge en un contexto en el que el primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró este jueves su compromiso con las familias de los rehenes cuyos cuerpos permanecen en la Franja de Gaza, prometiendo repatriar “hasta el último de ellos”.
Durante una ceremonia estatal en el Monte Herzl de Jerusalén en memoria de los caídos en la guerra de Gaza, Netanyahu se dirigió a los familiares de los rehenes y aseguró que Israel ha revertido la situación desde los ataques del 7 de octubre, en los que más de mil israelíes murieron a manos de Hamas.
Netanyahu calificó los eventos del 7 de octubre de 2023 como “un auténtico genocidio”, contrastándolo con el “genocidio ficticio” del que acusan a Israel. Describió los ataques como “una masacre despiadada de bebés, niños, adultos, ancianos”.
El primer ministro afirmó que “la lucha no ha terminado”, aunque señaló que Israel ha desplazado el foco hacia territorio enemigo, contra “el régimen fanático de Irán y sus ramas terroristas”. Netanyahu también expresó su respeto a las familias de los soldados fallecidos en la ofensiva israelí contra Gaza, en la que han muerto casi 68.000 palestinos.
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