En medio de la incertidumbre, el primer ministro francés propuso aumentar los impuestos a ricos y grandes empresas

El nuevo Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propone aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo, en respuesta a las exigencias en particular de los socialistas, de los que depende su continuidad.

En el proyecto de presupuestos para 2026, presentado este martes, el Ejecutivo ha diseñado dos nuevos dispositivos fiscales para las grandes fortunas de los que se esperan 2.500 millones de euros, el primero un impuesto sobre el patrimonio financiero que gravará los bienes no profesionales integrados en los holdings familiares.

Con ese instrumento, del que el Ejecutivo confía en encajar unos 1.000 millones de euros, se busca contrarrestar el uso de esos holdings, concebidos inicialmente para salvaguardar las empresas familiares, como instrumentos de optimización fiscal aprovechando las exenciones a los activos profesionales.

Además, estarán sometidos a un impuesto excepcional aquellos que ganan más de 250.000 euros anuales, con un tipo impositivo del 3 % o el 4 %, con el objetivo de que en conjunto su nivel impositivo sea como mínimo del 20 %.

En paralelo, el año próximo se va a prolongar la llamada contribución excepcional dirigida a las grandes empresas con beneficios que facturan más de 1.000 millones de euros (unas 450 en total).

Todos esos mecanismos que figuran en el proyecto de presupuestos bajo el epígrafe de “esfuerzo de justicia fiscal” responde en buena medida a las condiciones que le ha puesto el Partido Socialista (PS) para renunciar a una censura inmediata y acceder a un debate parlamentario, junto a la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023.

El PS defiende la puesta en marcha del llamado ‘impuesto Zucman’ que gravaría con un 2 % todos los patrimonios superiores a 100 millones de euros, que en Francia son unos 1.800. El promotor de esa idea, el economista Gabriel Zucman, afirma que se podrían recaudar así unos 20.000 millones de euros al año.

En cuanto a la suspensión de la reforma de las pensiones, anunciada hoy por el primer ministro en su discurso de política general ante los diputados, era imprescindible para que el PS no votara la censura el próximo jueves, pero no aparece todavía en ese proyecto de presupuestos aunque sí tendrá un costo.

Según reconoció el propio Lecornu, ese costo será de 400 millones de euros en 2026, que pasarán a ser 1.800 millones en 2027 que se deben a las personas que a partir del próximo 1 de enero van a poder seguir jubilándose al llegar a los 62 años y nueve meses, y no a partir de 63 años, como estaba previsto con la reforma.

En realidad, como admitió el Ministerio de Economía, el impacto económico para las cuentas públicas será mayor, porque a las pensiones adicionales habrá que sumar la menor contribución en términos de actividad y de impuestos de esas personas que estarán jubiladas y que no lo habrían estado sin la suspensión.

En el proyecto de presupuestos que ha enviado al Parlamento, el Ejecutivo contempla reducir el déficit público al 4,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2026 después del pico del 5,8 % que se alcanzó en 2024 y del 5,4 % que se espera en 2025.

Lecornu se dio un ligero margen de maniobra adicional para la negociación durante la fase parlamentaria y señaló que ese déficit podría ser algo mayor, pero en cualquier caso estará por debajo del umbral del 5 % del PIB.

Sus servicios consideran que ese es el límite para poder mantener la trayectoria de los años siguientes y poder cumplir el compromiso que Francia asumió ante sus socios de la Unión Europea para rebajarlo al 3 % del PIB en 2029.

Ese déficit del año próximo no impedirá que siga la deriva alcista de la deuda pública francesa, que en el segundo trimestre ya ha sobrepasado el listón del 115 % y que subirá hasta el 115,9 % cuando acabe este año y al 117,9 % al finalizar 2026.

Eso a condición de que se cumplan las principales hipótesis económicas sobre las que todo se asienta, en especial un crecimiento del 1 % en 2026, es decir una cifra mejor que la de 2025, en la que se anticipa un 0,7 %.

Es una previsión ligeramente superior a las que ha hecho la OCDE y del Banco de Francia (0,9 %) pero coincide con la del FMI y se sitúa por debajo de la de la Comisión Europea (1,3 %).

Para conseguir ese 1 % el Ejecutivo de Lecornu pretende inyectar en la economía una parte de la abultada tasa de ahorro que están acumulando los particulares, y que es muy elevado (el 19 %) e incrementar también la inversión de las empresas.

La forma de conseguirlo es restablecer la confianza que se ha visto muy comprometida por la crisis política en que se ha encharcado Francia desde las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024.