El Senado de Brasil archivó este miércoles, de manera definitiva, un proyecto de reforma constitucional que buscaba restringir la capacidad de la Justicia para investigar a parlamentarios sospechosos de cualquier tipo de delito. La propuesta, aprobada días atrás en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, había desatado fuertes protestas en todo el país.
La iniciativa, promovida por sectores de derecha con apoyos aislados en la izquierda, planteaba que ningún diputado, senador ni presidente de partido pudiera ser investigado sin la autorización expresa de las cámaras legislativas. Dichas autorizaciones se decidirían en votaciones secretas.
Aunque mantenía el régimen actual de fueros —que establece que los legisladores solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema—, el texto añadía mecanismos que, en la práctica, restaban autonomía al Poder Judicial en las investigaciones.
La Comisión de Constitución y Justicia del Senado rechazó el proyecto por unanimidad de sus 27 miembros, alegando que era “claramente inconstitucional”. Posteriormente, el pleno archivó el texto sin siquiera abrir debate, en una decisión simbólica que contrastó con la urgencia y mayoría con que la Cámara de Diputados lo había aprobado (353 votos a favor y 134 en contra).
La propuesta surgió en un contexto delicado ya que la Corte Suprema investiga a una decena de diputados sospechosos de haber cometido irregularidades en la gestión de fondos públicos asignados por el Parlamento.
El senador Alessandro Vieira, relator de la propuesta, afirmó que la medida “parecía tener como real objetivo proteger a los autores de delitos graves, como corrupción, lavado de dinero y hasta homicidios”, dada la amplitud de las garantías que ofrecía a los legisladores.
El fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, presidente del Instituto No acepto la corrupción, explicó a Infobae que “Se está diciendo de forma clara e inequívoca que, si los diputados federales y senadores cometen cientos de delitos, ni siquiera serán investigados. Esto extiende una alfombra roja al crimen organizado. Es como si se les dijera: ‘Vengan a la Cámara, vengan al Senado, aquí hay un lugar reservado para ustedes, para ser diputados y senadores sin riesgo de molestias, sin investigaciones’. Es la impunidad naturalizada y garantizada por ley”.
El proyecto fue también ampliamente repudiado por la opinión pública. El pasado domingo, miles de manifestantes de distintos espectros políticos se movilizaron en las principales ciudades del país, rechazando tanto esta iniciativa como un proyecto de amnistía que sectores de la extrema derecha impulsan en favor del ex presidente Jair Bolsonaro y otros condenados por golpismo.
En el informe que recomendó archivar la iniciativa, el senador relator recogió el sentir de las protestas y señaló que la sociedad la había bautizado como el “proyecto del bandidaje”. Para Alessandro Vieira, esa reacción ciudadana evidencia que “la sociedad brasileña grita en un sentido diametralmente opuesto y exige el fin de toda impunidad”.
(Con información de EFE)
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