La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ofreció una disculpa oficial a mujeres y niñas indígenas de Groenlandia víctimas de la colocación forzosa de dispositivos anticonceptivos, práctica realizada en numerosos casos sin consentimiento.
La ceremonia, celebrada en Nuuk, capital groenlandesa, representó la admisión pública de una de las políticas más polémicas vinculadas al pasado colonial danés respecto a este territorio autónomo.
Durante el acto, Frederiksen expresó el pesar del Estado danés y declaró: “Solo hay una cosa correcta que deciros hoy: Perdón. Perdón por la injusticia cometida, perdón por lo que os quitaron y por el dolor causado. De parte de Dinamarca: perdón”.
The Washington Post mencionó que la anticoncepción forzada en Groenlandia comenzó en la década de 1960 y continuó hasta 1991, año en el que la isla asumió competencias plenas en sanidad.
Investigaciones y documentos oficiales verifican que al menos 4.500 mujeres y adolescentes, algunas de solo 12 años, recibieron un DIU o anticonceptivos hormonales en procedimientos que, en muchos casos, carecieron de autorización y de información adecuada sobre los riesgos.
Parte de los documentos atribuyen la política a una campaña estatal que pretendía reducir la elevada natalidad y los embarazos no deseados, sobre todo entre adolescentes. Sin embargo, numerosas víctimas han señalado que no se les solicitó consentimiento ni se les explicó el procedimiento, sufriendo posteriormente secuelas físicas y emocionales.
El testimonio de Katrine Petersen revela la dimensión humana de estas prácticas. Ella quedó embarazada a los 13 años y, tras un aborto en un hospital de Maniitsoq, médicos daneses le insertaron un DIU, de nuevo sin su autorización ni información previa. “Por mi edad, no sabía qué hacer”, relató Petersen.
El procedimiento derivó en trauma, episodios depresivos y problemas de fertilidad en la adultez; nunca pudo volver a ser madre.
Britta Mortensen recuerda el momento en que, a los 15 años, fue sometida a la colocación de un dispositivo intrauterino tras arribar a territorio danés desde su isla natal. “Tuve que abrir las piernas y me pusieron un DIU. Me dolió muchísimo”, relató.
En la ceremonia, intervinieron también el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, y portavoces de las afectadas. Nielsen recalcó el carácter inaceptable de lo ocurrido y subrayó: “Nos hemos reunido hoy por algo inaceptable. Una disculpa no significa que aceptemos lo ocurrido. Estamos hoy aquí porque no aceptamos lo ocurrido”.
El primer ministro groenlandés describió el episodio como uno de los más oscuros de la historia de la isla y destacó el sentimiento de abandono persistente en la sociedad.
Una investigación divulgada recientemente por el gobierno danés, realizada por la Universidad de Groenlandia y el Instituto Nacional de Salud Pública de la Universidad del Sur de Dinamarca, documentó 410 casos en detalle, basándose en registros médicos y testimonios. La mayoría de las mujeres reportó complicaciones físicas tras las intervenciones.
Tras años de silencio motivados por la vergüenza y el estigma, las voces de las sobrevivientes comenzaron a surgir. Naja Lyberth, una de las 143 mujeres que han demandado al Estado danés por violaciones de derechos humanos, explicó que muchas no pudieron tener hijos debido a los anticonceptivos y que la indemnización solicitada intenta compensar años de dolor y pérdida.
Otra sobreviviente, Kirstine Berthelsen, narró que le insertaron un DIU a los 14 años sin recibir explicación ni motivo. Sufrió dolor crónico de forma inmediata y, años después, complicaciones en embarazos y maternidad. Los testimonios exponen el alcance de la intervención estatal sobre los cuerpos y la vida privada de las mujeres groenlandesas.
Las políticas danesas hacia la población indígena no se limitaron a la anticoncepción forzada. Incluirían también la remoción de niños inuit para su “reeducación” en hogares daneses y la supervisión estatal de la competencia parental, llegando a separaciones forzosas.
El proceso de reconocimiento de responsabilidades sigue su curso. Dinamarca anunció la creación de un fondo de reconciliación para compensar a las afectadas y otros ciudadanos groenlandeses que padecieron políticas discriminatorias.
(Con información de EFE, AP y AFP)
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