Sudán del Sur atraviesa una etapa crítica tras la acusación formal de crímenes de lesa humanidad, terrorismo y traición contra Riek Machar, antiguo líder rebelde y actual vicepresidente del país, según informó la agencia Europa Press.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Joseph Geng Akech y constituye un punto de inflexión para la frágil transición política del país africano y reactiva temores internacionales ante una posible reanudación de la guerra civil.
Este jueves, la justicia sursudanesa imputó a Machar y otros siete altos funcionarios, incluidos el exministro de Petróleo Puot Kang Chuol.
Se les atribuye responsabilidad en los ataques perpetrados en marzo por el Ejército Blanco, una milicia de base étnica activa en el estado de Alto Nilo.
Machar permanece bajo arresto domiciliario desde marzo, tras ser vinculado por el gobierno de transición con la instigación de una insurrección armada contra el presidente Salva Kiir.
Su arresto se formalizó luego de un ataque a una guarnición militar en Nasir, cerca de la frontera con Etiopía, en el que murieron varios soldados, incluido el comandante local.
Según las autoridades, el ataque fue ejecutado por el Ejército Blanco bajo la coordinación de Machar y dirigentes del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán–En Oposición (SPLM-IO). Este movimiento, integrado al gobierno tras el pacto de paz de 2018, ha mantenido una relación plagada de desconfianza y episodios de violencia intermitente.
La investigación judicial abarcó el interrogatorio de 83 personas, de las cuales 76 quedaron en libertad al no hallarse pruebas en su contra. Actualmente, además de los ocho funcionarios acusados, trece personas continúan prófugas con órdenes de captura vigentes.
El ministro de Justicia aseguró que los imputados fueron informados de los cargos y de sus derechos constitucionales, como el acceso a un juicio justo y la posibilidad de elegir representación legal.
En una región marcada por tensiones, la noticia revive la histórica rivalidad étnica y política entre Kiir y Machar.
Según detalló Reuters, ambos compartieron la conducción del movimiento independentista contra Sudán, pero representan a los dos grupos poblacionales mayoritarios: Kiir es dinka y Machar, nuer. Las diferencias políticas y étnicas provocaron una ruptura pública en la década de 1990 y, tras la independencia en 2011, abundaron las disputas de poder y los enfrentamientos armados.
En 2013, Kiir destituyó a Machar de la vicepresidencia bajo sospecha de un intento de golpe de Estado. Según estimaciones de la agencia AP, los combates posteriores provocaron cerca de 400.000 muertos y millones de desplazados entre 2013 y 2018. Aunque el pacto de paz de 2018 permitió la reincorporación de Machar como vicepresidente, la tensión no cesó y la violencia residual persiste en distintas regiones del país.
Puok Both Baluang, vocero de Machar, declaró que la justicia carece de independencia y puede ser manipulada políticamente y sostuvo que se trata de una “caza de brujas” para apartar al vicepresidente y debilitar el equilibrio institucional pactado en 2018. Actores civiles, como el activista Edmund Yakani, demandan garantías de un juicio transparente y el acceso público a las audiencias.
La coyuntura judicial coincide con una etapa de redefinición institucional. En septiembre de 2024, el presidente Kiir promulgó una enmienda constitucional que extendió dos años más la transición, decisión criticada por la comunidad internacional debido al escaso avance en compromisos del acuerdo de paz, como la integración de fuerzas de seguridad y la convocatoria a elecciones.
El gobierno justifica la prórroga como condición para realizar elecciones libres, mientras la oposición la califica como una maniobra para perpetuarse en el poder. En paralelo, actores internacionales reiteran su preocupación por el procesamiento de Machar y la persistente polarización, que podrían devolver al país al conflicto abierto.
Hasta ahora, no existen fechas definidas para la comparecencia de Machar ante los tribunales ni se conoce su paradero exacto, mientras sus seguidores continúan exigiendo libertad en varias provincias. El gobierno insiste en que se trata de un procedimiento en curso, destinado a ser evaluado por la justicia y sustentado con pruebas.
Actualmente, con un líder opositor procesado por crímenes de lesa humanidad y una sociedad civil dividida entre demandas de justicia y temores de instrumentalización judicial, Sudán del Sur afronta uno de los momentos más críticos de su historia, en medio de amenazas de nuevas guerras y crisis humanitarias.
(Con información de Europa Press, Reuters, AP)
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