El juicio contra Jimmy Lai —magnate mediático convertido en figura central de la resistencia prodemocrática— entró en su fase decisiva esta semana. Durante los alegatos finales ante el Tribunal Superior de West Kowloon, su abogado defensor, Robert Pang, planteó una cuestión fundamental: ¿se podía criminalizar el ejercicio del pensamiento libre?
Pang defendió la libertad de expresión como un derecho esencial. “No se puede obligar a nadie a pensar de una forma u otra”, afirmó en tribunal, y agregó que “tampoco era erróneo” pedir a un gobierno que modificara sus políticas, ya fuera desde dentro o fuera del territorio.
El fiscal Anthony Chau respondió apoyándose en los editoriales del Apple Daily —el diario fundado por Lai—. Argumentó que varios artículos carecían de “críticas racionales” y que pedían sanciones contra Beijing y las autoridades de Hong Kong, una conducta que, en su criterio, podía calificarse de sediciosa.
La jueza Esther Toh, sin embargo, mostró dudas frente a ese planteo. “¿Se podía escribir un artículo crítico sobre el problema del agua, pero había que aventurarse a ofrecer soluciones?”, preguntó, dejando entrever su escepticismo sobre la solidez del argumento fiscal.
El caso giró en torno a dos cargos principales: conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso, delitos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional de 2020, impuesta tras las protestas de 2019 que desafiaron la autonomía de Hong Kong.
Durante el juicio, Lai reconoció que en julio de 2019 había solicitado al entonces vicepresidente estadounidense Mike Pence apoyo para Hong Kong en medio de las protestas. Aclaró, no obstante, que “nunca” exigió represalias contra China o las autoridades locales.
La Fiscalía sostuvo que Lai adoptó un “enfoque calculado y estratégico” al pedir sanciones extranjeras y coordinarse con actores internacionales. Para los acusadores, esa conducta trascendió la crítica política y se transformó en conspiración.
El estado de salud del acusado también se convirtió en un elemento de atención. Se informó que sufrió palpitaciones y mareos durante las audiencias, lo que llevó a interrupciones y a un debate sobre su capacidad de soportar el proceso.
El proceso, que se extendió durante más de 140 días, se analizó como un test de la independencia judicial en Hong Kong y del grado en que las libertades fundamentales sobrevivieron tras la imposición de la ley de seguridad nacional.
Organismos internacionales de derechos humanos también intervinieron. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria consideró la privación de libertad de Lai como “injusta y arbitraria” y pidió su liberación inmediata.
La familia del acusado se unió a las críticas. Su hijo, Sébastien Lai, calificó de “débil” la postura del Reino Unido y reclamó una acción más firme, incluso llevando el caso hasta la cumbre del G7.
Quién es Jimmy Lai
Jimmy Lai nació en 1947 en la provincia de Guangdong, en la China continental, y a los 12 años llegó como refugiado a Hong Kong a bordo de un barco pesquero. Su historia de ascenso fue la de un self-made man: comenzó como obrero en una fábrica textil y terminó fundando Giordano, una de las cadenas de ropa más exitosas de Asia en los años ochenta. La represión en la plaza de Tiananmén en 1989 cambió el rumbo de su vida.
Desde entonces, convirtió su fortuna en una plataforma política y mediática: creó Next Magazine y más tarde Apple Daily, tabloides que se volvieron referencia por sus investigaciones agresivas y su tono abiertamente crítico con Beijing. A finales de los noventa, Apple Daily vendía cientos de miles de ejemplares diarios y se había transformado en un símbolo de la libertad de expresión en Hong Kong.
Ese protagonismo atrajo también una creciente presión de Beijing, que lo persiguió con campañas de boicot, ataques a sus oficinas y, finalmente, con cargos judiciales tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. Desde entonces, Lai fue arrestado en repetidas ocasiones, condenado a más de un año de prisión por organizar marchas pacíficas y acusado de colusión con fuerzas extranjeras.
Para sus seguidores, su encarcelamiento representó el ocaso de la prensa libre en el territorio y lo elevó a la condición de mártir democrático. Para Beijing, en cambio, encarnó la prueba de que el movimiento prodemocracia operaba como un frente de injerencia extranjera.
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