Rusia endurece la represión contra la prensa independiente: prohibió a la ONG Reporteros Sin Fronteras

El régimen de Vladímir Putin dio un nuevo paso en su ofensiva contra la libertad de prensa al declarar “indeseable” a Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las organizaciones más reconocidas en la defensa de periodistas en todo el mundo. La decisión, publicada en el sitio web del Ministerio de Justicia, implica de facto la prohibición de cualquier actividad de la ONG en territorio ruso. La legislación vigente expone a quienes colaboren o financien a estas entidades a severos procesos judiciales, incluidas penas de prisión, lo que convierte la medida en un instrumento de intimidación y censura.

La categoría de “organización indeseable” fue creada en 2015 como parte de un marco legal que, junto con la ley de “agentes extranjeros”, ha servido para desmantelar sistemáticamente la sociedad civil independiente en Rusia. Según datos oficiales, más de 250 organismos han sido incluidos en esta lista, entre ellos Amnistía Internacional, Greenpeace y varios medios de comunicación internacionales. Para RSF, con sede en Francia y estatus consultivo en Naciones Unidas y el Consejo de Europa, el Kremlin ha cruzado una línea más en su campaña para sofocar la disidencia. En su sitio web, la ONG denuncia que “la casi totalidad de los medios independientes” han sido prohibidos, bloqueados o etiquetados como “agentes extranjeros” u “organizaciones indeseables” desde el inicio de la invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

La ofensiva contra la prensa no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia más amplia de control informativo que el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó como una respuesta a una “guerra informativa” contra Rusia. En declaraciones recogidas por medios europeos, Peskov admitió que el país aplica una censura militar “sin precedentes”.

“Ahora es el momento de la censura militar, sin precedentes para nuestro país. Al fin y al cabo, la guerra también se libra en el campo informativo”, dijo Peskov a la revista rusa Expert.

El resultado es un ecosistema mediático en el que la totalidad de los grandes canales de televisión, la mayoría de las radios y buena parte de la prensa escrita están bajo control estatal o de oligarcas afines al poder, dejando fuera de juego cualquier pluralismo real.

La represión ha alcanzado también a periodistas extranjeros y locales que cubren el conflicto en Ucrania o las protestas internas. El caso de la reportera ucraniana Victoria Roshchina es emblemático: detenida en 2023 mientras informaba sobre el asedio a Mariúpol, murió bajo custodia rusa en circunstancias no aclaradas, según informó su familia y confirmó el Ministerio de Defensa ruso en una carta fechada el 19 de septiembre de 2024. Para organizaciones de derechos humanos, este episodio demuestra que el hostigamiento va más allá de la propaganda y puede derivar en la desaparición física de voces críticas.

RSF, fundada en 1985, ha documentado de forma exhaustiva el deterioro de la libertad de prensa en Rusia. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, el país ocupa actualmente uno de los últimos puestos, junto a regímenes autoritarios como Irán, China, Corea del Norte y Venezuela. En 2024, la ONG registró cifras alarmantes a escala global: 54 periodistas asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados. Aunque buena parte de estos casos se concentra en zonas de guerra o en Estados con una larga tradición represiva, Rusia figura entre los países que más contribuyen a este clima de impunidad.

La decisión de prohibir a RSF debe leerse también en el marco de un patrón global. Los regímenes de Moscú, Beijing, Teherán, Pyongyang y Caracas comparten mecanismos de asfixia informativa: leyes ambiguas, uso político del sistema judicial, estigmatización pública de periodistas y cierre forzoso de medios. En todos ellos, la narrativa oficial presenta estas medidas como defensa de la soberanía o de la estabilidad interna, mientras en la práctica se trata de neutralizar el escrutinio y bloquear la circulación de información independiente.

En el caso ruso, esta arquitectura legal otorga al poder un margen absoluto para decidir qué voces pueden existir. Las leyes de “organizaciones indeseables” y de “agentes extranjeros” no se aplican de forma equitativa ni responden a criterios objetivos: su función es política. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado este marco normativo como contrario a los estándares democráticos, al considerar que “restringe de manera desproporcionada la libertad de expresión y de asociación” y que su verdadera finalidad es silenciar a quienes cuestionan al Kremlin.

El impacto de estas políticas es devastador para la vida pública. Sin medios libres, la corrupción, los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos quedan fuera del debate social. Las fuentes independientes para verificar información sobre la guerra en Ucrania, las protestas internas o la situación económica se reducen al mínimo. La criminalización de ONG internacionales envía además un mensaje de aislamiento hacia la comunidad internacional, que ve cómo se cierran las puertas a cualquier cooperación en materia de derechos humanos o libertad de información.

Frente a este panorama, organizaciones como Human Rights Watch y el propio RSF insisten en que la presión diplomática debe aumentar, no solo para revertir estas decisiones, sino para proteger de forma efectiva a quienes ejercen el periodismo en entornos de riesgo.