El contrato de 12,3 millones de euros que el Gobierno de España adjudicó a Huawei -la empresa tecnológica del régimen chino- para almacenar datos de escuchas legales ha provocado una reacción inmediata en los círculos de seguridad internacionales. La inquietud no se limita a la protección de la información nacional: analistas han advertido que, dado que otros países de la Unión Europea comparten inteligencia con España, parte de esas comunicaciones interceptadas podrían terminar en los servidores OceanStor de la empresa china.
Esta posibilidad ha encendido las alarmas en Bruselas y Washington, donde se teme que la decisión española erosione la confianza en los mecanismos de intercambio de información sensible.
La noticia, revelada por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, expone una contradicción en la política española. A pesar de los compromisos asumidos ante la Unión Europea para retirar a Huawei de la infraestructura de telecomunicaciones 5G, el Ministerio del Interior firmó en julio un acuerdo con la compañía para gestionar el almacenamiento de datos interceptados por las fuerzas de seguridad.
El valor del contrato, 12,3 millones de euros (14,3 millones de dólares), subraya la magnitud de la operación y la relevancia estratégica de la información involucrada.
La reacción internacional no se hizo esperar. Altos funcionarios de la Unión Europea y de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la seguridad de los datos que se alojarán en los servidores OceanStor de Huawei.
En particular, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, y el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, solicitaron a la Dirección Nacional de Inteligencia estadounidense que revise la política de intercambio de inteligencia con España. Esta petición refleja el temor a que la información compartida pueda quedar expuesta a riesgos de acceso no autorizado o interferencia extranjera.
Desde el Gobierno español, el Ministerio del Interior intentó defender la legalidad y seguridad del contrato. Según la versión oficial, el acuerdo cumple con la normativa nacional de ciberseguridad y excluye el uso de equipos de Huawei para el manejo de datos clasificados.
Además, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), principal agencia de inteligencia española, no figura entre los organismos cubiertos por el contrato. No obstante, la explicación no ha disipado las dudas de los expertos, quienes insisten en que la naturaleza transfronteriza de la cooperación europea en materia de inteligencia implica que la información de otros países podría verse comprometida.
“España ha adoptado una postura más suave al confrontar a China que otros países de la Unión Europea, mientras busca atraer inversiones chinas en vehículos eléctricos y energías renovables”, dice el informe de la Comisión del Capitolio.
La decisión de España pone de manifiesto la falta de uniformidad en la aplicación de la estrategia europea para limitar la presencia de proveedores chinos en infraestructuras críticas.
Aunque los tres principales operadores de telecomunicaciones españoles han excluido a Huawei de sus redes 5G, el Gobierno ha optado por una postura menos confrontativa hacia China que la adoptada por otros socios europeos. Esta actitud se explica, en parte, por el interés de España en atraer inversiones chinas en sectores como los vehículos eléctricos y las energías renovables.
La Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China -organismo creado por el Congreso de Estados Unidos para analizar las implicaciones de la relación bilateral con Beijing- subraya que el caso español ilustra las dificultades de la Unión Europea para coordinar una respuesta coherente ante los desafíos de seguridad tecnológica planteados por empresas chinas. La comisión advierte que la fragmentación de criterios entre los Estados miembros puede debilitar la capacidad de la UE para proteger sus infraestructuras críticas y salvaguardar la integridad de los flujos de inteligencia compartida.
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