
El gabinete de seguridad de Israel inició este jueves una reunión decisiva para votar si avanza con una ocupación militar a gran escala de la Franja de Gaza, en un momento crítico del conflicto con Hamas. Según informó Canal 12, en la sesión participa la fiscal general Gali Baharav-Miara, a pesar de que el gobierno había votado esta semana de forma unánime para destituirla.
Mientras tanto, fuera del recinto, manifestantes protestan contra la posible expansión de la operación militar, advirtiendo que podría poner en peligro la vida de los rehenes aún retenidos en Gaza. Exigen un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita su liberación inmediata.
En las últimas horas, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó en entrevistas con Fox News y CNN-News18 que Israel tiene la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza. Sin embargo, descartó la anexión del territorio y aclaró que no se busca gobernarlo de forma permanente. “No queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla”, dijo. “Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente, sin amenazarnos, y que den a los habitantes de Gaza una buena vida”.
En su diálogo con medios internacionales, Netanyahu reiteró que los objetivos centrales de Israel siguen siendo el desmantelamiento total de Hamas y la liberación incondicional de todos los rehenes. También adelantó que, tras la guerra, Gaza podría quedar bajo control de un “órgano de gobierno de transición”, cuyo formato aún no ha sido definido públicamente.
Según diversas fuentes diplomáticas y militares citadas por medios internacionales, el plan que se debate en la reunión contempla una estrategia en dos fases. Primero, el desplazamiento de más de un millón de palestinos desde el norte y centro del enclave hacia el sur, acompañado por la instalación de infraestructura humanitaria básica en zonas como Al-Mawasi. Luego, el despliegue militar total de las fuerzas israelíes para tomar el control del 100 % del territorio.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, ha manifestado su oposición al plan, señalando que podría agravar la crisis humanitaria y comprometer la seguridad de los rehenes. Diversas organizaciones internacionales han advertido que la ejecución del plan podría violar el derecho internacional, al implicar desplazamientos forzosos y una ocupación prolongada.
La decisión del gabinete de seguridad será determinante para el rumbo del conflicto. Si el plan es aprobado, marcaría una escalada decisiva en la ofensiva de Israel en Gaza y abriría una nueva etapa con consecuencias imprevisibles para la población civil y la estabilidad regional.
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