Las autoridades de Rusia han abierto al menos 99 causas penales por corrupción contra altos funcionarios en lo que va de 2025, según informaron este lunes medios locales. La cifra se aproxima ya al total registrado en todo 2024, cuando se incoaron 122 procesos por el mismo motivo.
Según el periódico independiente Nóvaya Gazeta Europa, entre los imputados figuran diputados, ministros, viceministros, alcaldes y sus adjuntos. El medio señala además que un tercio de los casos involucra a miembros de las fuerzas de seguridad.
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El número de investigaciones excede ampliamente los niveles registrados entre 2019 y 2023, incluido el primer año de la guerra en Ucrania, lo que apunta a un notable endurecimiento en la persecución judicial por este tipo de delitos.
El reporte también advierte un incremento de procesos por corrupción en niveles más bajos de la administración pública. Según datos de la Fiscalía General rusa, solo en el primer trimestre de este año se destaparon cuatro veces más casos que en el mismo período del año anterior.
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Por otra parte, al menos 76 personas han sido procesadas penalmente en Rusia en los últimos tres años por realizar donaciones al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), la organización fundada por el líder opositor Alexéi Navalny, fallecido en prisión en 2024. Así lo reportó este lunes la plataforma independiente Mediazona, que monitorea sistemáticamente los casos vinculados a la represión política en el país.
El FBK fue declarado “extremista” por las autoridades rusas en 2021, lo que prohibió oficialmente sus operaciones y convirtió en delito cualquier vínculo financiero con la organización. Las primeras causas penales por donaciones se iniciaron en agosto de 2022, seis meses después del comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania.
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Con el tiempo, los investigadores comenzaron a incorporar como pruebas no solo las transferencias directas, sino también aquellas hechas a través de otras entidades vinculadas al entorno opositor, utilizadas para evadir las restricciones y resguardar la identidad de los donantes.
Desde la ilegalización del FBK y la intensificación de la represión tras la guerra, las autoridades rusas han endurecido el castigo a quienes apoyan de cualquier forma a la disidencia, extendiendo la persecución más allá de los activistas visibles y alcanzando incluso a ciudadanos que intentaron colaborar de manera discreta.
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Estos datos evidencian un aumento significativo en la actividad judicial relacionada tanto con casos de corrupción como con el control de organizaciones consideradas extremistas.
(Con información de EFE)
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