
El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol no compareció este jueves ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl para la décima audiencia de su juicio por insurrección, luego de haber sido arrestado en la madrugada por una serie de nuevas acusaciones penales. Su equipo legal presentó un escrito ante la corte alegando razones de salud como motivo de la ausencia, mientras la sesión continuó con la presencia de su defensa y la declaración de testigos militares clave.
Yoon enfrenta un proceso judicial por intentar suspender el orden constitucional mediante un decreto de ley marcial en diciembre de 2024, tras haber sido destituido oficialmente en abril por el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional su intento de tomar el control del gobierno mediante medidas de excepción.
La ausencia del ex mandatario se produjo pocas horas después de que fuera arrestado por segunda vez, esta vez por una orden emitida por el juez Nam Se-jin, en respuesta a una solicitud del fiscal especial Cho Eun-suk. Cho encabeza un equipo independiente creado tras la investidura del presidente Lee Jae-myung, que investiga delitos adicionales cometidos por Yoon antes y después del intento de golpe constitucional.

Según la orden judicial, los nuevos cargos que enfrenta Yoon incluyen obstrucción especial de deberes oficiales, violación de la Ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), abuso de autoridad para impedir el ejercicio de derechos, falsificación de documentos oficiales y destrucción o manipulación de registros públicos. La fiscalía argumentó que existía riesgo de destrucción de pruebas si el exmandatario permanecía en libertad.
Entre los hechos más relevantes bajo investigación está la manipulación de la reunión de Gabinete del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon convocó solo a 10 de los 19 ministros, todos considerados leales. Según los fiscales, la reunión, que duró menos de cinco minutos, fue presentada falsamente como una deliberación completa para justificar el decreto de estado de excepción. Posteriormente, documentos habrían sido antedatados y alterados para aparentar legalidad.
Durante la audiencia celebrada en su ausencia, la defensa de Yoon reiteró su rechazo a las acusaciones. El tribunal escuchó a dos ex militares que participaron en la estructura de mando durante el fallido intento de ley marcial, quienes fueron citados por la fiscalía para corroborar los detalles del operativo presidencial y las supuestas órdenes de encubrimiento.
Los fiscales también sostienen que el expresidente ordenó la difusión de declaraciones falsas a medios internacionales para justificar sus actos, incluyendo versiones que negaban cualquier intento de bloquear al Parlamento o restringir derechos de los legisladores durante la declaración del estado de excepción.

Además, se le imputa haber instruido a su equipo de seguridad para desenfundar armas en caso de arresto, una medida que según la fiscalía tenía como objetivo intimidar a los investigadores. También habría ordenado la eliminación de comunicaciones cifradas utilizadas por funcionarios y militares involucrados en el plan.
Yoon fue trasladado al Centro de Detención de Seúl, en la ciudad de Uiwang, al sur de la capital, donde ya había estado detenido entre enero y marzo tras su primer arresto. Según medios locales, ocupa una celda individual sin aire acondicionado y duerme sobre un colchón en el suelo, soportando las altas temperaturas del verano.
Si es hallado culpable del delito principal de insurrección, Yoon enfrenta cadena perpetua o incluso la pena de muerte según lo establecido por el Código Penal surcoreano. Las nuevas imputaciones podrían sumar penas adicionales en caso de condena.
El juicio, que combina acusaciones por abuso de poder y atentado contra el orden constitucional, continuará la próxima semana con nuevas comparecencias de testigos y la presentación de pruebas documentales.

La Fiscalía ha indicado que solicitará la ampliación de la detención preventiva en función del avance del proceso y la cooperación de los testigos clave. Por ahora, no se ha fijado fecha para un posible veredicto, aunque el tribunal prevé cerrar la etapa de interrogatorios antes de fin de mes.
(Con información de EFE)
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