La guerra invisible en el Pacífico: cómo una isla remota se convirtió en pieza clave del poder global

En el corazón del Pacífico occidental, el pequeño archipiélago de Palau, con apenas 17.000 habitantes, se ha convertido en un enclave importante dentro de la creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. Según documentos oficiales, entrevistas diplomáticas y reportes de inteligencia revisados por Reuters, la isla acoge infraestructuras militares críticas para el Pentágono y es blanco de una sofisticada campaña de influencia atribuida a actores vinculados al gobierno chino.

Desde su independencia en 1994, tras haber sido administrado por EEUU durante medio siglo, Palau mantiene un estrecho vínculo con Washington bajo el tratado conocido como el Pacto de Libre Asociación. Este acuerdo no solo permite a los ciudadanos palauanos trabajar en suelo estadounidense sin visa, sino que garantiza a EEUU acceso exclusivo a vastas áreas marítimas del Pacífico.

En ese contexto, Palau desempeña un papel central dentro de la llamada Segunda Cadena de Islas, una serie de territorios insulares estratégicamente ubicados con los que Washington busca contener la proyección militar china en la región. En los últimos años, el gobierno estadounidense ha iniciado la construcción de estaciones de radar y la modernización de pistas aéreas en el archipiélago, con el objetivo de dispersar sus fuerzas ante posibles ataques a bases clave como Guam, y ampliar su capacidad de vigilancia aérea y marítima sin comprometer recursos navales.

“Las instalaciones que construimos aquí son fundamentales para el control de esta región del Pacífico”, afirmó el embajador estadounidense en Palau, Joel Ehrendreich, quien calificó a la isla como “crítica” en la arquitectura de defensa regional de Estados Unidos.

La creciente militarización de Palau ha coincidido con una serie de actividades sospechosas impulsadas por ciudadanos chinos y entidades vinculadas a Beijing. Según dos informes de inteligencia distribuidos por la embajada de EEUU en Palau, individuos con presuntos vínculos con el Departamento de Trabajo del Frente Unido, el órgano del Partido Comunista Chino encargado de coordinar actividades de influencia exterior, han buscado construir lazos con figuras políticas locales a través de donaciones y reuniones privadas.

Uno de los informes afirma que un funcionario chino asociado al Frente Unido se reunió con el actual vicepresidente Raynold Oilouch. El funcionario no respondió a los cuestionamientos, mientras que Oilouch negó haber recibido financiación extranjera para su campaña electoral. Otro informe describe cómo Wang Yubin, secretario de la Asociación de Chinos de Ultramar en Palau, habría ofrecido 20.000 dólares a Thomas Remengesau Jr., ex presidente y candidato en las últimas elecciones, y donado 10.000 dólares a la campaña de Oilouch. Ambos políticos niegan haber recibido dinero alguno.

El caso más visible es el del presidente del Senado, Hokkons Baules, quien ha promovido públicamente una mayor cercanía con China y ha llamado a romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Baules habría intercedido ante aduanas en favor del empresario chino Sun Maojin, quien ingresó a la isla con 119.000 dólares en efectivo sin declarar. Pese a los cuestionamientos, Baules justificó su intervención y calificó de “amigos” a los visitantes chinos.

Mientras las autoridades estadounidenses incrementan su presencia militar, Palau ha visto transformarse su entorno en un foco de actividades ilegales supuestamente relacionadas con redes delictivas chinas. Según las investigaciones revisadas por Reuters y entrevistas con funcionarios de seguridad locales, en los últimos años se han multiplicado los casos de tráfico de drogas, prostitución, juego ilegal, lavado de dinero y violencia organizada.

Uno de los episodios más alarmantes ocurrió en febrero de 2023, cuando el ciudadano chino Chen Liyan, buscado por las autoridades de su país por liderar bandas criminales, fue secuestrado en Koror por hombres que lo trasladaron en barco fuera del país. Posteriormente, China informó que Chen había sido capturado y encarcelado en la provincia de Jiangxi. El caso sigue bajo investigación en Palau.

Otro caso involucró el asesinato del capitán de barco Li Peng, cuyo cadáver fue encontrado calcinado dentro de una maleta en un área boscosa. La investigación reveló que el crimen estuvo relacionado con una disputa sobre rutas de narcotráfico entre Saipán y Guam. El responsable, Fang Ye, fue arrestado tras ser identificado por cámaras de seguridad y aceptó un acuerdo judicial por homicidio involuntario antes de ser extraditado.

Estas operaciones criminales han generado una creciente alarma social. “Las drogas, la trata de personas y otras actividades ilícitas terminan por debilitar las estructuras políticas”, declaró recientemente el presidente Surangel Whipps Jr. en un foro en Sídney. “Estas redes también influyen en los políticos y en el rumbo que toma el país”.

Paralelamente al auge del crimen organizado, se han documentado adquisiciones masivas de tierras por parte de inversionistas chinos en puntos clave del archipiélago, muchas de ellas en proximidad directa a instalaciones militares estadounidenses.

En Angaur, una isla del sur donde el Pentágono desarrolla una estación de radar, dos empresarios chinos, Hunter Tian y Zhuang Cizhong, arrendaron en conjunto alrededor de 660.000 metros cuadrados, equivalentes al 8% del territorio insular. Tian es también presidente de la Asociación de Chinos de Ultramar en Palau y ha participado en cursos de formación organizados por el Frente Unido en Beijing y Nankín. Ninguno de los terrenos ha sido desarrollado hasta la fecha.

Las preocupaciones sobre una estrategia coordinada fueron expresadas por el embajador Ehrendreich, quien consideró que los arrendamientos podrían tener fines de vigilancia. “No es casual que se ubiquen justo al lado de nuestros proyectos”, advirtió.

Además, documentos del registro de tierras revelan que entidades asociadas al Prince Group, un conglomerado chino-camboyano, han obtenido islas y parcelas cercanas tanto a la costa norte de Palau, donde EEUU opera un sistema de monitoreo, como al aeropuerto internacional, utilizado para ejercicios militares.

Los registros muestran que la agente local de estas empresas es Rose Wang, ex vicepresidenta de la Asociación de Chinos de Ultramar. En 2019, Wang participó en los festejos por el 70º aniversario de la fundación de la República Popular China en el Gran Salón del Pueblo de Beijing.

Palau es uno de los pocos países en el mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, un punto que ha generado constantes fricciones con Beijing. A diferencia de otras naciones insulares del Pacífico que han sido persuadidas a reconocer a la República Popular China, el gobierno palauano ha mantenido su postura, lo cual le ha valido intensas presiones por parte del gigante asiático.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, consultado por Reuters, calificó de “absurdas” y “calumniosas” las acusaciones de injerencia y desestabilización en Palau. “¿Quién está construyendo bases militares en Palau? ¿Quién quiere convertir a Palau en un puesto militar estratégico?”, expresó un portavoz. Además, instó a los países que aún reconocen a Taiwán a no ser “ciegamente arrogantes ni obstinados”.

Durante su reciente visita a Australia, el presidente Surangel Whipps Jr. se refirió a la presión diplomática china: “Sabemos que China tiene un objetivo, que renunciemos a Taiwán. Pero esperamos que entiendan que esa es una decisión soberana y ningún país nos dice con quién debemos ser amigos”.

Frente al auge del crimen y la penetración extranjera, el gobierno de Palau ha comenzado a implementar medidas para reforzar sus defensas institucionales. En diciembre pasado, el presidente Whipps delegó a su asesor de seguridad nacional la revisión de todas las solicitudes y renovaciones de visas. Como resultado, al menos 91 personas han sido vetadas del país, muchas de ellas por presuntos vínculos con redes ilícitas.

El embajador Ehrendreich celebró esta decisión como una señal de que Palau “está dispuesto y capacitado para enfrentar el problema del crimen organizado chino”. Sin embargo, reconoció que los desafíos siguen siendo grandes en un entorno donde las capacidades institucionales son limitadas y la presión extranjera constante.

La colaboración militar y económica con Estados Unidos continúa siendo el principal pilar de defensa para Palau. A través del Pacto de Libre Asociación, Washington garantiza no solo la protección militar del archipiélago, sino también una parte significativa de su presupuesto público. En paralelo, empresas palauanas con vínculos familiares con figuras políticas, como la del padre del presidente Whipps, han obtenido al menos 41 contratos con el Departamento de Defensa de EEUU, por un valor cercano a los 6 millones de dólares.

Aunque desde algunos sectores políticos se han levantado alertas sobre posibles conflictos de interés, el embajador estadounidense argumentó que “dado el pequeño tamaño del país y el rol preponderante de la familia Whipps en su economía, el involucramiento en contratos públicos es inevitable”.

Mientras los vientos geopolíticos se intensifican en la región, sectores de la sociedad palauana expresan temor por verse atrapados en una disputa entre superpotencias. “La presencia militar estadounidense en Palau es algo positivo”, afirmó el legislador local Erik Vereen, quien trabaja en las instalaciones del radar en Angaur. “Pero también recordamos lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Nos preocupa haber pintado una gran diana sobre nuestra isla”.

(Con información de Reuters)