Las autoridades indígenas en Guatemala denunciaron ser víctimas de persecución y racismo por parte de la fiscal general

Autoridades indígenas denunciaron el martes que existen acciones de racismo y discriminación por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, y del Ministerio Público, en la persecución judicial que ha iniciado contra líderes indígenas que participaron en protestas exigiendo la renuncia de la fiscal general.

En una conferencia de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, representantes de los 22 pueblos indígenas, garifunas y xincas, anunciaron que presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra Porras por los delitos de discriminación y racismo.

El amparo se presenta luego de que la fiscalía detuviera la semana pasada a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas, y a Hector Batz, ambos exmiembros de la Junta Directiva de 48 cantones, una organización que lideró en 2023 protestas contra la fiscalía por su arremetida judicial contra el entonces aspirante presidencial Bernardo Arévalo.

Rodeado de líderes indígenas, en una muestra nunca antes vista por parte de un presidente, Arévalo dijo que la reunión era un acto de unidad entre los cuatro pueblos (indígenas) que forman Guatemala.

“La criminalización de cualquier persona que defiende la democracia y los derechos humanos y que combate a la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país”, dijo Arévalo.

El mandatario guatemalteco reclamó que, mientras hay persecución contra líderes indígenas, los casos denunciados de grave corrupción quedan en total impunidad. “Casos que han tocado la salud, la educación, el bienestar y desarrollo social del pueblo de Guatemala”, citó.

Y recalcó que ha habido millones de quetzales desfalcados del Estado por actores corruptos, pero que han quedado en impunidad ante la falta de investigaciones de la fiscalía.

“Estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de impunidad”, dijo Arévalo. El presidente también dijo que se están activando a nivel internacional acciones contra la discriminación a los pueblos indígenas.

Hizo un llamado al Congreso, en donde hay dos propuestas para reformar la ley del Ministerio Público para destituir a Porras. “Escuchen la demanda urgente de la población”, dijo el presidente.

Juan Pablo Ajpacajá, de la organización 48 Cantones, dijo que como poblaciones indígenas “denuncian las actitudes racistas y discriminadoras de la fiscal general y de jueces” que usan la justicia en contra de pueblos indígenas. “No se ocupan de juzgar e investigar a otros delincuentes”.

La lideresa indígena Leticia Zapeta dijo que las comunidades son herederas “de una historia y dignidad... No permitiremos que la impunidad y el desfalco se conviertan en norma; hemos sido testigo de cómo la corrupción socava nuestras comunidades”.

Los representantes comunitarios dijeron que se mantendrán vigilantes ante las acciones de la fiscalía y que se mantendrán articulados y unidos para hacer frente a estos flagelos. Además, pidieron al Congreso conocer las iniciativas de ley para agilizar una salida de la fiscal general.

“Somos conscientes de que han emprendido una venganza contra quienes impidieron sus planes y defendieron el Estado de derecho y la democracia en Guatemala en el 2023″, dijo en rueda de prensa, junto al mandatario, el dirigente del pueblo xinca, Amilvar Urías.

“Nuestros pueblos indígenas hoy somos objeto de persecución en este nuevo intento de golpe de Estado. Que no quede duda de que defendimos la democracia en el 2023 y ahora seguiremos trabajando junto al mandatario para mantener el Estado de derecho”, afirmó.

AP solicitó comentarios a la fiscalía sobre lo declarado por el presidente Arévalo y las autoridades indígenas, sin que haya una respuesta hasta el momento.

Cristina Otzín, de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, indicó a periodistas la motivación del amparo solicitado. “Hay un racismo desde el Estado que no tolera ver el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.

La fiscalía ha arremetido contra el gobierno de Arévalo desde antes de que éste asumiera y solicitó en varias ocasiones el retiro de inmunidad del presidente para que sea juzgado por distintos hechos, incluido un presunto fraude electoral.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales certificaron que en los comicios presidenciales de 2023, en los que triunfó Arévalo, no hubo fraude.

Porras ha sido sancionada junto a jueces y fiscales por 42 países, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos, que le han prohibido la entrada a sus territorios por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Las protestas lideradas por los indígenas hace dos años fueron dirigidas también contra un subordinado de Porras y un juez que comandaron las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla de Arévalo.

(Con información de AP)