La Fiscalía de Francia solicitó este jueves una pena de siete años de prisión firme contra Nicolas Sarkozy, ex presidente de la República (2007-2012), por la presunta financiación por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi de su campaña presidencial de 2007. La solicitud incluye también una multa de 300.000 euros y constituye la pena más elevada entre los doce acusados en este proceso iniciado el pasado 6 de enero.
Además de Sarkozy, el Ministerio Público pidió penas de cárcel para tres ex ministros implicados: Claude Guéant, seis años; Brice Hortefeux, tres años; y Éric Woerth, uno. La acusación sostiene que Sarkozy “ordenó y encargó” un “pacto de corrupción” con el régimen dictatorial libio para financiar ilegalmente su campaña.
Según las conclusiones presentadas por la Fiscalía entre el martes y el miércoles, las visitas de Guéant, Sarkozy y Hortefeux a Trípoli entre octubre y diciembre de 2005 se enmarcaron en ese presunto acuerdo. En una de ellas, de acuerdo con la acusación, Hortefeux —entonces colaborador del candidato y luego ministro del Interior— habría entregado al cuñado de Gadafi, Abdalá Senoussi, el número de una cuenta donde se realizaron los pagos en 2006.
Senoussi, jefe de los servicios secretos libios en ese periodo, fue condenado a cadena perpetua en rebeldía por un atentado en 1989 contra un avión de pasajeros francés en África que causó 170 muertos.
Negación y críticas a la Fiscalía
Sarkozy, de 70 años, no declaró a la prensa tras la audiencia, pero difundió un comunicado en el que calificó la petición de la Fiscalía como “excesiva”, reiterando su inocencia y asegurando que es “víctima de la injusticia”. “Seguiré luchando paso a paso por la verdad y creyendo en la sensatez del tribunal”, afirmó.
Uno de sus abogados, Jean-Michel Darrois, rechazó por completo la petición de los fiscales: “No tiene nada que ver con lo que han demostrado las audiencias (...) No se ha encontrado ningún rastro de financiación”, insistió Darrois en una breve declaración a la prensa que siguió el proceso. Christophe Ingrain, también miembro de su equipo de defensa, describió las penas solicitadas como “excesivas y sin fundamento”.
Sarkozy acumula condenas y procesos abiertos
Este juicio es el tercero contra Sarkozy, quien ya fue condenado en dos ocasiones anteriores. El pasado 18 de diciembre, el Tribunal Supremo confirmó su condena a un año de arresto domiciliario con brazalete electrónico por corrupción y tráfico de influencias, en un caso vinculado al intento de obtener información privilegiada a través de un magistrado.
En otro procedimiento relacionado con la campaña presidencial de 2012, Sarkozy fue sentenciado en primera instancia a un año de cárcel, mitad en arresto domiciliario y mitad exento de cumplimiento. El proceso en apelación por esta causa está previsto para el segundo semestre de 2025.
Paralelamente, Sarkozy enfrenta otro proceso penal aún sin fecha, por presuntas presiones sobre Ziad Takieddine, empresario franco-libanés considerado testigo clave en la investigación sobre la financiación libia, para que se retractara de sus declaraciones. El juicio por esa causa aún no tiene fecha.
(Con información de EFE)
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