El nuevo gobierno interino de Siria, liderado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ha puesto en marcha un plan de reestructuración económica que incluye el despido de un tercio de los empleados públicos y la privatización de empresas estatales que estuvieron bajo control del régimen de la familia Assad durante cinco décadas.
Las primeras destituciones comenzaron semanas después de que los rebeldes derrocaran al expresidente Bashar al-Assad el pasado 8 de diciembre. La drástica reducción del sector público ha generado protestas entre los trabajadores gubernamentales, quienes temen que la medida se convierta en una purga sectaria.
Según el ministro de Finanzas, Mohammad Abazeed, una revisión preliminar reveló que solo 900.000 de los 1,3 millones de empleados del gobierno realmente desempeñaban funciones laborales, mientras que 400.000 eran “nombres fantasma” que cobraban sin trabajar.
“Esperábamos corrupción, pero no a este nivel”, afirmó Abazeed.
El ministro de Desarrollo Administrativo, Mohammad Alskaf, declaró que la administración solo necesitará entre 550.000 y 600.000 empleados, menos de la mitad del número actual.
En tanto, el ministro de Economía, Basil Abdel Hanan, explicó que el país está pasando de un modelo estatal centralizado a una economía de libre mercado. Bajo la dirección del presidente interino, Ahmed al-Sharaa, el gobierno planea privatizar 107 empresas industriales estatales, aunque Hanan aseguró que los sectores estratégicos de energía y transporte permanecerán bajo control estatal.
Algunas compañías estatales serán eliminadas debido a presuntas prácticas de corrupción. Abazeed citó el caso de la Syrian Trading Establishment, una distribuidora de bienes de consumo financiada por el gobierno que, según él, nunca presentó informes de ingresos en los últimos diez años.
Impacto en la población y protestas
Para amortiguar el impacto social de los despidos, el gobierno anunció un aumento del 400% en los salarios estatales, que actualmente rondan los 25 dólares al mes, a partir de febrero. Algunos trabajadores despedidos recibirán compensaciones o permanecerán en casa mientras se evalúa su situación.
Sin embargo, la incertidumbre ha provocado manifestaciones en Deraa y Latakia, dos de las principales ciudades del país. En Deraa, empleados del sector salud protestaron con pancartas que decían “No al despido arbitrario e injusto”.
Ex combatientes del ejército sirio también han sido despedidos.
Desafíos para la reactivación económica
HTS gobernó la provincia de Idlib desde 2017 con un modelo basado en menor burocracia y atracción de inversión privada. Ahora, espera expandir esa estrategia al resto del país, pese a desafíos como las sanciones internacionales que restringen el comercio exterior.
Maha Katta, especialista en empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que la economía siria no está preparada para absorber una gran cantidad de trabajadores en el sector privado y cuestionó la prioridad de la reestructuración estatal en este momento.
“Reformar el sector público tiene sentido, pero primero el gobierno necesita revivir la economía”, advirtió.
El presidente interino al-Sharaa ha prometido elecciones, aunque ha indicado que podrían tardar hasta cuatro años en organizarse. Mientras tanto, el nuevo gobierno sigue adelante con sus planes de digitalizar registros laborales y reformar el sistema fiscal con una amnistía de multas.
El ministro de Trabajo, Fadi al-Qassem, reconoció los desafíos: “Renovar es más difícil que construir desde cero”.
(Con información de Reuters)
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