La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) acordó este domingo de madrugada, tras dos semanas de intensas negociaciones, una declaración final que refleja un compromiso de financiación anual por parte de los países desarollados de 300.000 millones de dólares hasta 2035 a sus socios en vías de desarollo.
En un plenario interrumpido varias veces para ultimar los detalles del texto a negociar, los cerca de 200 países reunidos en la cumbre de Bakú sellaron por fin el acuerdo con el que fijaron la nueva meta de financiación climática.
La financiación está destinada a ayudar a los países en desarrollo a mejorar la protección del clima y adaptarse a los efectos devastadores del calentamiento global, como sequías, tormentas e inundaciones más frecuentes.
Actualmente, las naciones industrializadas desde hace mucho tiempo movilizan más de 100.000 millones de dólares al año en ayuda climática. Sin embargo, según un grupo independiente de expertos de la ONU, la necesidad de asistencia externa asciende ahora a alrededor de 1 billón de dólares por año hasta 2030, e incluso 1,3 trillones de dólares para 2035.
Más de 24 horas después de su clausura, la cumbre de Bakú cerró el acuerdo con el que los estados pudientes se comprometieron a asumir una parte de la factura que la transición ecológica y la adaptación climática comporta para los países del Sur Global, que son los menos responsables históricos del calentamiento global y, al mismo tiempo, los que más sufren sus consecuencias.
El texto reitera una de las demandas que estos estados con menos recursos llevan años manifestando en estos foros: la reforma de la arquitectura financiera internacional. Los países señalan que ésta deberá “abordar los obstáculos” a los que se enfrenta el mundo en desarrollo a la hora de acceder a la financiación climática, eliminando por ejemplo las barreras y los elevados costes de capital, las limitaciones fiscales, los “niveles insostenibles de deuda” o los altos costes de transacción.
Reconoce asimismo la necesidad especial de acercar “recursos públicos, subvenciones y financiación en condiciones muy favorables, en particular para la adaptación y la respuesta a los daños y perjuicios” del cambio climático en los países “menos adelantados” y en “los pequeños estados insulares en desarrollo”.
Organizaciones ecologistas habían criticado en días previos el derrotero de las conversaciones y, en particular, calculaban que los países necesitarían entre 5 y 6,9 billones de dólares desde ahora hasta 2030 para poder cumplir con sus compromisos climáticos, es decir, “aproximadamente un billón al año” según explicaron grupos como Ecodes, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Juventud por el Clima, Observatori del Deute en la Globalització, SEO/BirdLife y UGT.
Además, las organizaciones criticaban que las perspectivas de las negociaciones tampoco ofrecían “ningún tipo de garantía a los países empobrecidos”, señalando que 130 países del Sur global se encuentran en una situación como “mínimo crítica” por los efectos de la deuda, lamentaron este sábado las ONG.
Comercio mundial de créditos de carbono
Por otra parte, en la declaración final de la COP29 también se establecieron las normas para un mercado mundial de compra y venta de créditos de carbono que, según sus defensores, movilizará miles de millones de dólares en nuevos proyectos para ayudar a combatir el calentamiento global.
El acuerdo, alcanzado casi una década después de que se iniciaron las conversaciones internacionales para crear el mercado, giraba en torno a cómo garantizar la credibilidad del sistema para que pueda reducir de forma fiable las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.
Los créditos de carbono se crean a través de proyectos como la plantación de árboles o la instalación de parques eólicos en un país pobre, que reciben un crédito por cada tonelada métrica de emisiones que reducen o absorben de la atmósfera. Los países y las empresas pueden comprar esos créditos para alcanzar sus objetivos climáticos.
Tras alcanzar un acuerdo al principio de la conferencia de dos semanas que permitirá poner en marcha un sistema de comercio centralizado de la ONU el año que viene, los negociadores pasaron gran parte del resto de su tiempo en Azerbaiyán intentando perfilar los detalles de un sistema bilateral separado para que los países comercien directamente.
Entre los detalles que debían concretarse figuraban la estructura del registro de créditos, la información que los países debían compartir sobre sus acuerdos y lo que debe ocurrir cuando los proyectos no funcionen correctamente.
Entre las voces más firmes estaba la de la Unión Europea, que pedía una supervisión más estricta por parte de la ONU y una mayor transparencia en los intercambios entre países, mientras que Estados Unidos buscaba más autonomía sobre los acuerdos alcanzados.
(Con información de AFP, EFE, EP y Reuters)
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