Los fiscales franceses en el juicio por malversación de fondos contra la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen exigieron el miércoles que se le imponga una pena de cárcel y la prohibición de ejercer cargos públicos si es declarada culpable, lo que podría impedirle postularse a la presidencia en 2027.
La fiscalía ha presentado la petición ante el tribunal de París, donde Le Pen, de 56 años, y otros acusados de su partido Agrupación Nacional están siendo juzgados por crear empleos falsos en el Parlamento Europeo. Ellos niegan los cargos.
Si el tribunal le concede la prohibición, ella quedaría excluida de presentarse a las elecciones presidenciales francesas de 2027, en lo que sería su cuarto intento de convertirse en jefa de Estado.
El Agrupamiento Nacional, al igual que otros partidos de extrema derecha en Europa, se encuentra en un buen momento tras su sólido desempeño en las elecciones europeas de junio.
La fiscalía exigió que se prohibiera a las dos docenas de acusados ejercer cargos públicos durante cinco años, con efecto inmediato después del veredicto, incluso si el equipo de defensa apela.
“La ley se aplica a todos”, declaró el fiscal Nicolas Barret ante el tribunal, mientras Le Pen estaba sentada en la primera fila de los acusados.
Agregó que la prohibición impediría “a los acusados presentarse a futuras elecciones locales o nacionales”.
Exigió una pena de cinco años de cárcel para Le Pen, y pidió que al menos dos de esa pena fueran una pena de prisión “convertible”, lo que significa que habría una posibilidad de liberación parcial.
La fiscalía también pidió una multa de dos millones de euros (2,1 millones de dólares) para RN y de 300.000 euros para la propia Le Pen.
Le Pen denunció inmediatamente la moción de los fiscales como excesiva, calificándola de “atrocidad” y acusando a los fiscales de intentar “arruinar el partido (RN)”.
“Creo que el deseo de los fiscales es privar a los franceses de la posibilidad de votar por quien quieran”, dijo.
El supuesto sistema de empleos falsos, detectado por primera vez en 2015, cubre los contratos de asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. Los fiscales dicen que los asistentes trabajaban exclusivamente para el partido fuera del parlamento.
Al dirigirse al juicio el mes pasado, Le Pen dijo que era inocente. “No tengo en absoluto la sensación de haber cometido la más mínima irregularidad o el más mínimo acto ilegal”, declaró ante el tribunal.
El presidente del RN, Jordan Bardella, calificó el miércoles las exigencias de los fiscales como un “ataque a la democracia”.
“La Fiscalía no actúa con justicia”, escribió en X. “Pretende perseguir y vengarse de Marine Le Pen”.
La fiscal Louise Neyton dijo al tribunal en la audiencia del miércoles que su equipo “no estaba aquí para perseguir”, sino como resultado de una “larga investigación judicial”.
Ella y Barret presentaron pruebas que, según ellos, mostraban un “sistema organizado” de malversación de fondos mediante el cual el partido había buscado “ahorrar dinero”.
Cuando el mes pasado se le preguntó cómo seleccionó exactamente a sus presuntos asistentes parlamentarios y cuáles eran sus tareas, Le Pen dio respuestas generales o dijo que no podía recordar.
Si es condenada, Le Pen podría presentar un recurso.
Las autoridades del Parlamento Europeo dijeron que la legislatura había perdido tres millones de euros (3,4 millones de dólares) a través del plan de empleo.
La RN ha devuelto un millón de euros, lo que, según afirma, no constituye una admisión de culpabilidad.
(Con información de AFP)
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