Los talibanes confirmaron que entre 800 y 900 menores de edad se encuentran presos en las cárceles de Afganistán, según el balance proporcionado este domingo por el Ministerio del Interior del régimen fundamentalista.
El director de la Administración de Penitenciarías de Afganistán, Mohamad Yusuf Mastri, indicó que en las cárceles afganas hay ahora mismo entre 10.000 y 11.000 presos, de los cuales unos 2.000 son mujeres y niños, según señaló en declaraciones recogidas por el medio afgano Khaama Press.
Estas declaraciones tienen lugar menos de quince días después de que otro alto responsable del servicio de prisiones de los talibán, su jefe de comunicaciones Safiulá Jalalzai, confirmara a la cadena Amu TV que entre las mujeres presas había algunas condenadas por “escapar de sus hogares”, en contra de los dictados de la radical interpretación de la ley islámica que defiende el régimen fundamentalista.
Organizaciones humanitarias internacionales han repudiado en muchas ocasiones el tratamiento de los talibán a los presos y la falta de garantías durante los procesos judiciales a los que son sometidos.
Esto también se da en un contexto de absoluta restricción contra las mujeres del país.
El pasado mes de julio, el relator de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, advirtió que los talibanes podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra las mujeres y niñas afganas, como el crimen de persecución por razones de género.
“En mis consultas con supervivientes de Afganistán, en particular mujeres, enfatizan que lo que describe sus experiencias puede denominarse un apartheid de género y reclaman que se reconozca esto como un crimen de lesa humanidad”, recalcó el experto en la presentación de un nuevo informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Además sostuvo que hay una responsabilidad colectiva, incluso de la comunidad internacional, en desmantelar este sistema perjudicial y represivo. Bennet cree que los responsables deberían ser sancionados por la justicia.
La opresión hacia las mujeres se ha ido intensificando con los años. En diciembre de 2022, los talibanes vetaron a las afganas de estudiar en las universidades. En abril de 2023 se cerraron las academias privadas donde las niñas estudiaban distintas disciplinas.
Han pasado mil días desde que los talibanes declararon escuelas sólo para niños. Según The Guardian, lo que han padecido las adolescentes desde entonces ha sido catastrófico. Son sometidas a matrimonios forzados precoces, sufren violencia doméstica, angustia psicológica y muchas, sin ver un final optimista, se quitan la vida.
Días atrás, la ONU condenó la ley impuesta por los talibanes que silencia a las mujeres en Afganistán.
La misión de Naciones Unidas en Afganistán se mostró “preocupada” por la promulgación “de una nueva ley sobre la moralidad que impone restricciones amplias y de gran calado a la conducta personal, y otorga a la policía de la moral amplios poderes”, según un comunicado.
La ley también prohíbe, entre otras cosas, que las mujeres hablen en voz alta en lugares públicos, constató la representante Especial de la ONU para Afganistán, Roza Otunbayeva, en la nota.
Según el artículo 13 de las nuevas normas, la voz de una mujer “se considera un atributo íntimo que no debe ser escuchado en público, prohibiendo que canten, reciten o lean en voz alta”. El vocero del régimen, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, aseguró que la restricción “será de gran ayuda para la promoción de la virtud y la eliminación del vicio”.
Este conjunto de leyes, de 114 páginas y 35 artículos, reseñado por The Associated Press, es el primer documento formal que articula de manera detallada las restricciones sobre las mujeres desde que los talibanes retomaron el poder por la fuerza. Estas leyes no solo limitan la libertad de expresión femenina, sino que también legitiman la persecución y el castigo de aquellas que transgredan estas normativas.
(Con información de Europa Press)
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