Amnistía Internacional reveló que América Latina es una de las regiones con más riesgos para activistas de DDHH y periodistas

América Latina continuó siendo en 2023 una de las regiones de mayor riesgo para los activistas de derechos humanos, medioambientales y periodistas, y la amenaza es aún peor para personas en países convulsionados como Ecuador, El Salvador e incluso Brasil, dijo el martes un informe del grupo Amnistía Internacional (AI).

En una región donde muchos países carecen de sistemas sólidos para proteger a defensores de los derechos humanos, la organización indicó que tanto gobiernos como actores no vinculados a los Estados usaron prácticas como hostigamiento, estigmatización, homidicios y criminalización para impedir a los activistas y periodistas ejercer sus labores.

En Centroamérica, Amnistía Internacional llamó la atención sobre Honduras, un país que presentó la proporción más alta de defensores de derechos humanos asesinados respecto al tamaño de la población, según datos de la agrupación Global Witness citados en su informe.

El organismo aludió también a las detenciones arbitrarias que continuaron detectándose en El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde las amenazas para opositores políticos y activistas fueron significativas.

“El espacio cívico siguió reduciéndose en toda la región de las Américas, lo que pone en peligro los avances en materia de derechos humanos logrados en los decenios anteriores”, destacó el documento, si bien puso de relieve los recientes avances conseguidos en Colombia gracias a un programa de protección colectiva dispuesto por el Gobierno.

“La impunidad de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional seguió siendo generalizada, y muchos países continuaron eludiendo el escrutinio internacional”, añadió.

El informe denunció además el uso de la fuerza excesiva por parte de los agentes de seguridad pública en países como Perú, donde la represión de unas protestas tras la llegada a la presidencia de Dina Boluarte dejó unos 50 muertos. AI destacó que al menos 20 casos “podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”.

Retroceso para mujeres y minorías

El documento situó entre sus preocupaciones las alarmantes cifras de abusos contra minorías y la violencia de género en la región. En México se reportan en promedio nueve mujeres asesinadas por día y los casos quedan muchas veces sin resolverse, de acuerdo a cifras del Gobierno.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también se vieron mermados, dijo AI, incluso en países como Argentina y Colombia, donde ya se ha despenalizado o legalizado el aborto. Destacó que naciones como Brasil, Chile y El Salvador siguen sin lograr progresos para levantar la estricta prohibición a la práctica.

Otras vulneraciones importantes detectadas el año pasado estuvieron relacionadas con el desplazamiento forzado de millones de personas en la región provocado por la hostilidad política, las crisis económicas y el deterioro de la situación humanitaria, dijo AI.

En Venezuela, alrededor de 7,71 millones de ciudadanos había dejado el país al cierre del 2023, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados; mientras que Panamá notificó que unas 520.000 personas atravesaron el año pasado su frontera con Colombia a través del peligroso Tapón del Darién, el doble de los registros del 2022.

“Las autoridades deben suspender de forma urgente las expulsiones ilegítimas, respetar el principio de no devolución y abstenerse de detener a personas refugiadas y migrantes”, afirmó AI.

Por fuera de América Latina

El reporte puso énfasis en el retroceso de Estados Unidos, después de que la Corte Suprema de ese país puso fin en 2022 a las medidas federales de protección del derecho al aborto, lo que llevó a 15 estados a prohibir la práctica o a aplicar fuertes restricciones, lo que afectó de manera “desproporcionada a personas negras y de otros grupos racializados”.

En el caso de Canadá, el informe citó fuentes de Naciones Unidas que denunciaron un incremento en las cifras de mujeres o niñas indígenas desaparecidas o asesinadas en el último año, junto con índices altos de explotación y agresiones sexuales tanto entre mujeres como entre miembros de las comunidades LGBTQ+ en las cercanías de obras de construcción.

(Con información de Reuters)