El buque de guerra más poderoso del Reino Unido montará guardia en el Támesis para proteger Londres de los ataques de drones durante la coronación de Carlos III este sábado.
El HMS Diamond es un destructor de defensa antiaérea del tipo 45 de la Royal Navy botado en 2007. Es uno de los buques de guerra más avanzados jamás construidos, con una impresionante potencia de fuego y radares capaces de detectar a misiles y drones.
Sus radares pueden detectar y rastrear objetivos del tamaño de una pelota de tenis a una velocidad tres veces superior a la del sonido, a 400 kilómetros de distancia.
Pueden guiar hasta 16 misiles simultáneamente mientras se abren paso hacia objetivos en zigzag.
Según dijo la Marina, el buque de guerra se encuentra en la capital para “celebrar la coronación”. Cruzó la barrera del Támesis el martes y durante la ceremonia estará atracado en Greenwich, en el sureste de la capital británica.
Según los medios británicos, se prevé que para celebrar el evento ofrezca a bordo una serie de cócteles VIP y actuaciones de la banda de los Royal Marines.
Pero fuentes navales afirman que bastaría con “pulsar un interruptor” para activar sus sistemas de defensa antiaérea.
El buque de guerra, de 150 metros de eslora, puede transportar hasta 48 misiles Sea Viper.
Los misiles, de 4,5 metros de largo, se lanzan verticalmente desde la cubierta de proa del buque. Alcanzan cuatro veces la velocidad del sonido y “maniobran para matar con fuerzas G que ningún ser humano puede soportar”, según la Marina.
Operativo de seguridad de 300 millones de USD
El buque será un elemento más del imponente operativo de seguridad que se ha puesto en marcha para la coronación del sucesor de Isabel II. El evento tendrá lugar el 6 de mayo de 2023 a las 11 de la mañana, hora de Londres, en la Abadía de Westminster.
Más de 11.000 policías serán desplegados para el que será la mayor ceremonia realizada en la capital británica en 70 años. Se espera que más de 9.000 sean agentes de policía, mientras que otros 2.500 serán miembros especialistas en derecho de las fuerzas del orden, incluida la policía marítima, expertos en explosivos y agentes de vigilancia.
El ministro de Seguridad, Tom Tugendhat, dijo este miércoles a Times Radio que el evento va a ser una de las operaciones de seguridad más importantes que el país haya realizado: “La policía está, por decirlo suavemente, por todas partes, y nuestra inteligencia y otras fuerzas de seguridad son extremadamente conscientes del desafío que enfrentamos”.
Según señaló Tugendhat a Sky News, la preparación de las fuerzas quedó demostrada luego de la rápida actuación con el hombre en Buckingham Palace, y la posterior explosión controlada que realizaron cuando hallaron un bolso sospechoso -el hombre les había dicho a los oficiales que manejaran su mochila con cuidado-.
Sin embargo, por las prácticas invasivas que se usarán durante el evento y el alto costo para los contribuyentes británicos, las críticas no tardaron en llegar.
Grupos defensores de los derechos humanos acusaban a las autoridades de sofocar las libertades civiles en su intento de asegurar que los eventos transcurrieran sin contratiempos.
La Policía Metropolitana usará tecnología de reconocimiento facial en el centro de Londres para detectar criminales buscados entre la multitud. Big Brother Watch, un grupo de campaña de privacidad, tildó a está táctica como “Orwelliana”.
Medios locales han estimado el costo de este operativo de seguridad masivo en unas 250 millones de libras esterlinas (unos 315 millones de dólares).
Temor a protestas antimonárquicas
El subcomisionado adjunto Ade Adelekan dijo que no había información de inteligencia sobre ninguna amenaza específica para el evento, por lo que el mayor problema seguramente sea causado por grupos antimonárquicos, que planean manifestaciones en Trafalgar Square y a lo largo de la ruta de la procesión.
Hay antecedentes recientes: activistas climáticos causaron disturbios durante el Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel en junio, y otros manifestantes arrojaron huevos a Carlos desde detrás de las vallas cuando ya era rey.
Pero una nueva ley aprobada esta semana otorga a la policía poderes adicionales para lidiar con estas eventualidades. Las nuevas medidas permiten que la policía registre a los manifestantes en busca de artículos, incluidos candados y pegamento, e impone penas de hasta 12 meses de prisión para los manifestantes que bloqueen carreteras o interfieran con la “infraestructura nacional”.
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