Amnistía Internacional denunció que el veto de Rusia a la ayuda de la ONU a Siria pone en peligro a cuatro millones de personas

Amnistía Internacional (AI) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) han lamentado la decisión de Rusia de vetar la extensión del plan de ayuda humanitaria de Naciones Unidas a la población siria a través de la ruta por Turquía en la votación al respecto llevada a cabo este pasado viernes.

La resolución, que fue redactada por Irlanda y Noruega, ha recibido 13 votos a favor. Por su parte, Rusia ha votado en contra, mientras que China se ha abstenido. El representante adjunto de Rusia, Dimitri Polyanski, ha alegado que su “consideración primordial” era la de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Siria.

Para Amnistía, el veto ruso “corta la última cuerda de salvamento para al menos cuatro millones de personas que viven en el noroeste de Siria y necesitan de la ayuda de Naciones Unidas para sobrevivir”.

La secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, considera que este veto “solo agravará la crisis humanitaria hasta convertirla en una catástrofe para hombres, mujeres y niños que ya no van a poder recibir comida o acceso a servicios esenciales como la vivienda, la comida o la atención médica”.

Por su parte, el secretario general del NRC, Jan Egeland ha avisado de que el sufrimiento de la población podría “no tener límites” tras el fin de este mecanismo de ayuda, en vigor desde 2014, que expirará este sábado.

La Comisión de Investigación de Naciones Unidas sobre Siria ya señaló en mayo que se trataría de un “fracaso de primer orden” que el Consejo de Seguridad no ampliase el periodo de entregas de ayudas humanitarias.

La comisión ha incidido en que en un contexto en el que Siria se enfrenta a su “peor crisis económica y humanitaria desde el inicio del conflicto”, la comunidad internacional debe garantizar la asistencia al país y prolongar el compromiso actual.

Expertos advirtieron de que la interrupción de esta ayuda “socavaría los derechos de la población que depende del apoyo de la comunidad internacional”.

“La ayuda humanitaria no debe utilizarse como arma de guerra, y todas las partes interesadas deben dar prioridad a las necesidades de ayuda humanitaria de la población del país. La vida, la salud y la dignidad de una parte importante de la población dependen de la negociación de la futura resolución”, agregaron dichos expertos.

Naciones Unidas estima que 14,6 millones de sirios dependen de la asistencia humanitaria, mientras que unos doce millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda, una cifra que ha aumentado en un 51 por ciento desde el año 2019.

El polémico veto

Moscú solo acepta una extensión de seis meses. La autorización transfronteriza, que vence el domingo, rige desde 2014 y está destinada a asistir, a través del paso limítrofe de Bab al-Hawa, en la frontera sirio-turca, a más de 2,4 millones de personas de la región de Idlib (noroeste), bajo el control de grupos yihadistas y rebeldes.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, deploró la actitud de Rusia. Se trataba de un “texto de compromiso” propuesto por Noruega e Irlanda, argumentó. Seis meses son insuficientes para asegurar una ayuda seria a la población que requiere “un calendario claro”, subrayó la diplomática.

En nombre de los diez miembros no permanentes del Consejo, Kenia había anunciado antes de la votación que este grupo estaba “a favor” de una prórroga por doce meses.

Desde el miércoles, los 15 miembros del Consejo de Seguridad se encuentran en continuas negociaciones para intentar superar las diferencias entre los dos textos, el occidental, y el ruso. En vano.

El proyecto de resolución propuesto por Noruega e Irlanda, encargados del expediente en el Consejo de Seguridad, preveía una prórroga de seis meses hasta el 10 de enero de 2023, “con una extensión por otros seis meses, hasta el 10 de julio de 2023, salvo decisión en contrario del Consejo”.

La extensión también habría estado condicionada a un “informe sustancial” del secretario general, fundamentalmente sobre la transparencia de los envíos de ayuda, el progreso en la canalización de la asistencia desde Damasco a través de las líneas del frente y sobre los avances en “proyectos de rehabilitación rápida vinculados con las necesidades humanitarias”.

En su texto, que iba a ser sometido a votación en el proceso, Rusia propone una prórroga por “seis meses, es decir, hasta el 10 de enero de 2023″, con la perspectiva de “una extensión por seis meses adicionales, hasta el 10 de julio de 2023, dependiente de una resolución separada”.

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