La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este miércoles al gobierno ruso a suspender inmediatamente todas sus operaciones militares en Ucrania, en el veredicto en La Haya el veredicto sobre la demanda presentada por el gobierno de Ucrania.
El tribunal también prohíbe a todas sus tropas regulares o irregulares no tomar nuevas medidas militares.
Como tercera medida, se ordenó a ambos países no agravar la situación de modo que afecte la decisión que en definitiva tomará la Corte sobre el fondo del caso.
El gobierno de Kiev considera que Rusia justificó ilegalmente su invasión alegando un falso genocidio contra las poblaciones de habla rusa en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk.
Ucrania acudió a la CIJ, creada en 1946 para resolver disputas entre Estados, para que adopte medidas de emergencia, conocidas como medidas cautelares, para ordenar a Rusia que suspenda la ofensiva. “Hay que detener a Rusia, y el tribunal tiene un papel que desempeñar para impedirlo”, dijo el representante de Ucrania Anton Korynevych en una audiencia.
En casi tres semanas de conflicto, más de tres millones de personas han huido de Ucrania. Las delegaciones rusa y ucraniana reanudaron el martes las conversaciones mientras se intensifican los ataques rusos contra Kiev y la ofensiva se extiende por todo el país.
Una vía más simbólica que efectiva
Kiev ha buscado una vía legal poco habitual para llevar el conflicto armado a la CIJ, el principal órgano judicial de Naciones Unidas. Ucrania asegura que Rusia malinterpreta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión en base a un presunto genocidio de la población ruso parlante.
Para que los magistrados se pronuncien este miércoles a favor de Ucrania, primero declararon “en principio” tienen jurisdicción para juzgar el caso. Las medidas cautelares se deberían aplicar en teoría hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años.
“Creo que hay algo de consenso entre los abogados especializados en derecho internacional respecto a que el tribunal emitirá un fallo en contra de Rusia y le ordenará que detenga las acciones militares. La pregunta es si Rusia realmente hará eso o no”, adelantó a Efe la presidenta de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio (AIEG), Melanie O’Brien.
A diferencia de los tribunales nacionales, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.
Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.
“Todos sabemos que el problema del Consejo de Seguridad es que Rusia es uno de los cinco miembros permanentes y vetaría cualquier resolución relacionada con este conflicto”, indicó O’Brien.
Existen precedentes similares. En 1986, Estados Unidos bloqueó una solicitud en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que se exigía a Washington que cumpliera una orden de la CIJ y dejara de apoyar a la Contra, los insurgentes que intentaron derrocar al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.
(Con información de AFP y EFE)
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