“Secreto de confesión”, la frase del arzobispo francés que generó indignación luego de los 216 mil casos de abuso en la Iglesia

Luego de dos años y medio de investigación, la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (CIASE) llegó a la conclusión de que al menos 216 mil menores fueron víctimas de abusos sexuales al interior de la iglesia católica francesa en desde 1950 hasta hoy, según el informe entregado la semana pasada. El número aumenta aún más, hasta 330 mil, si se cuentan los abusos perpetrados por laicos que ejercían como catequistas o responsables de grupos juveniles.

El informe hace énfasis en el silencio de la iglesia ante las denuncias de estos casos y que el accionar de encubrimiento tiene un “carácter sistémico” que requiere una revisión general de las prácticas eclesiásticas. Es por esto que la organización entregó también una lista de 45 recomendaciones para reformar ciertos aspectos de la estructura de la iglesia, además de proponer indemnizaciones para las víctimas.

Una de las reformas apuntadas por el informe fue la de delimitar el “secreto de confesión”. Este punto adquirió mayor relevancia y generó polémica luego de que, horas después de que se conociera el informe de la CIASE, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Éric de Moulins-Beaufort, declarara a la radio France Info que los sacerdotes “nos debemos al secreto de confesión y, en ese sentido, este es más fuerte que las leyes de la República”.

Este comentario causó una catarata de críticas provenientes tanto de la sociedad civil como de los distintos frentes políticos. El candidato presidencial Yannick Jadot, por ejemplo, respondió que “ningún principio religioso es superior a las leyes de la República. En ningún caso. Invocarlo en el caso de crímenes monstruosos y masivos contra niños es aún más inaceptable”.

Ante esto, el ministro del interior Gerald Darmanin convocó a Moulins-Beaufort a una reunión ayer por la tarde. En esta, el ministro le dejó claro que no hay ninguna ley superior a las leyes del país. “Me he permitido decirle (a Moulins-Beaufort), como le digo a cada uno de los cultos, que no hay ley superior alguna a las leyes de la Asamblea Nacional y el Senado y que no hay ninguna ley por encima de las de la República”, declaró en conferencia de prensa luego del encuentro con el arzobispo.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal se retractó de sus declaraciones en un comunicado que emitió luego de la reunión. En este afirma que “La amplitud de las violencias y agresiones sexuales contra menores reveladas por el informe de la Ciase impone a la Iglesia releer sus prácticas a la luz de esta realidad”. Además, hizo énfasis en la idea de la iglesia de “hacer de la protección de los niños una prioridad absoluta, en estrecha colaboración con las autoridades francesas”.

Con respecto al secreto de confesión, el ministro del interior declaró que “el secreto de confesión está integrado en nuestro derecho desde hace casi 200 años como un derecho profesional” pero que este “sufre de excepciones, sobre todo en lo que concierne a crímenes cometidos contra menores de 15 años. Es evidente que no puede haber sanción alguna contra ningún religioso o persona que sepa de un abuso sexual contra menores y que estos deben denunciarlo ante la justicia de nuestro país en aras de la protección de la infancia”.

Según informó la iglesia, entre el 3 y el 8 de noviembre se llevará a cabo una asamblea en la que participaran todos los obispos y en la que discutirán qué medidas y reformas se pondrán en marcha en base a las 45 recomendaciones de la CIASE. Una de las recomendaciones propone “transmitir un mensaje claro, indicando a los confesores y a los fieles que el secreto de confesión no puede derogar la obligación, prevista por el código penal y conforme, según la comisión, a la obligación del derecho divino natural de protección de la vida y de la dignidad de la persona, de señalar a las autoridades judiciales y administrativas los casos de violencias sexuales infligidas a un menor o una persona vulnerable”.

El ministro de justicia, Eric Dupond-Moretti, por su parte, afirmó este viernes a la cadena televisiva LCI que denunciar un caso de este estilo es una “obligación imperiosa” y que de no hacerse puede resultar en una condena. “Se llama no impedir un crimen o delito”, agregó.

Por otro lado, otro de los temas que generaron polémica en la opinión pública fue la cuestión de las indemnizaciones a las víctimas de estos delitos. Si bien la CIASE pidió en sus recomendaciones “individualizar el cálculo de la indemnización a cada víctima” en función de “los perjuicios sufridos más que elaborar categorías de infracciones perpetradas”, la iglesia abrió un fondo de 5 millones de euros para destinar a esta función. Claramente el monto está muy por debajo del esperado, ya que de dividir este número por la cantidad total de víctimas, el resultado sería una indemnización de 23 euros a cada una.

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