Investigadores rusos acusaron este miércoles al opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado, de un nuevo delito que podría prolongar su estancia en prisión.
El Comité de Investigación ruso, encargado de estudiar los delitos más importantes, le acusa de haber creado una organización que viola los derechos de los rusos pues su Fondo contra la Corrupción (FBK) “incitó a los ciudadanos a cometer actos ilícitos”, en particular “instando a participar en concentraciones no autorizadas”.
El FBK y otras organizaciones de Navalny fueron clasificadas como “extremistas” en junio por la justicia rusa y desde principios de agosto están oficialmente prohibidas.
Según el Comité de Investigación, el opositor y sus colaboradores “organizaron la difusión, en sus páginas personales en internet y en sus páginas del FBK [...], de publicaciones que pedían a los ciudadanos rusos que participaran en concentraciones no autorizadas en enero”, cuando tuvieron lugar varias manifestaciones de apoyo a Navalny, en protesta por su arresto.
“Navalny sabía que [esas protestas eran] de naturaleza ilegal”, consideraron los investigadores.
El movimiento del opositor está sometido a una fuerte presión desde que Navalny regresara a Rusia en enero, tras haberse recuperado de un supuesto caso de envenenamiento en Alemania, del que acusa al Kremlin.
Sus organizaciones fueron liquidadas, las páginas web vinculadas a él fueron bloqueadas y varios de sus colaboradores son objeto de varios procedimientos judiciales.
Este martes, el Comité también reabrió un nuevo caso penal contra los opositores Leonid Vólkov e Iván Zhdánov, colaboradores del encarcelado líder opositor, y actualmente refugiados en el extranjero.
Navalny, de 45 años, fue condenado el pasado febrero a 3 años y medio de prisión por un caso penal de 2014, sentencia de la que tendrá que cumplir 2 años y cinco meses, al descontarle el periodo que ya pasó bajo arresto domiciliario en su momento y en prisión preventiva.
Miles de personas salieron a las calles a finales de enero pasado para pedir la liberación del político, manifestaciones que fueron declaradas ilegales y se saldaron con más de 10.000 detenidos.
Los aliados de Navalni afirman que todas estas medidas están destinadas a entorpecer las actividades de la oposición de cara a las elecciones legislativas de septiembre.
(Con información de AFP y EFE)
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