La generalización del certificado COVID en Francia para muchas actividades de la vida cotidiana, como ir a un bar o un restaurante, o subirse a un autobús o un tren de larga distancia, sorteó este viernes su primer obstáculo, al obtener el visto bueno de la Asamblea Nacional.
Un total de 117 diputados se pronunciaron a favor del proyecto de ley propuesto por el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, mientras que 86 lo hicieron en contra, al término de un debate que comenzó el miércoles y terminó en la madrugada del viernes.
Ahora, el proyecto de ley, que además de extender el uso del certificado sanitario establece la obligación de vacunarse para el personal sanitario y para todos los profesionales que tratan cotidianamente con personas vulnerables, va a continuar su tramitación parlamentaria en el Senado.
El objetivo del Ejecutivo de Macron es que la adopción definitiva pueda conseguirse durante el fin de semana, con vistas a que el certificado COVID pueda generalizarse desde comienzos de agosto.
Esa generalización del pasaporte sanitario es la forma por la que se decantó Macron cuando el lunes de la semana pasada anunció públicamente sus intenciones para forzar en la práctica a que se vacunen muchos franceses que hasta entonces eran reticentes.
Dieron su apoyo al proyecto de ley los diputados del bloque de la mayoría que apoya al presidente, mientras que en la oposición buena parte de los conservadores del partido Los Republicanos se abstuvieron.
Los socialistas, por su parte, se opusieron, como también lo hicieron los parlamentarios de la izquierda radical -los de La Francia Insumisa (LFI) y los del Partido Comunista Francés (PCF)- y los de la extrema derecha.
No obstante, a diferencia de los otros grupos que rechazaron las propuestas de Macron, el Partido Socialista habría querido ir más lejos y establecer la obligación de la vacunación para el conjunto de la población.
Ya antes de que la ley sea aprobada y pueda entrar en vigor, el Ejecutivo impuso el certificado sanitario desde el pasado miércoles en los cines, los teatros y todos los espectáculos culturales y deportivos que reúnen a más de 50 personas.
Hasta entonces, solo era necesario en los eventos con más de 1.000 asistentes y en las discotecas, desde que reabrieron a comienzos de julio tras casi 16 meses de inactividad por el coronavirus.
El mantenimiento de las discotecas en activo (en realidad solo reabrieron una cuarta parte porque muchos gerentes no ven la posibilidad de rentabilizar el negocio con las restricciones actuales) está en el aire después de que hayan sido el origen de varios brotes en las últimas semanas.
En agosto, si se cumplen los planes del Gobierno, se requerirá también para el transporte público de largo recorrido (buses, trenes, aviones y barcos), para tomar algo en un bar o en un restaurante, pero también para hacer una visita en un hospital o en una residencia de mayores.
Se trata, en definitiva, de hacer la vida imposible a los que no se hayan vacunado y eso ha dado lugar a protestas. El pasado sábado salieron a manifestarse cerca de 120.000 personas en toda Francia y ha habido ataques y sabotajes contra algunos centros de vacunación.
El Gobierno ha insistido en que será flexible en la extensión del certificado sanitario, y así por ejemplo no se exigirá a los menores de 18 años como se había planteado inicialmente, porque la vacunación se abrió más tarde para ese grupo.
(Con información de EFE)
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