El abogado británico especializado en derechos humanos Karim Khan fue elegido este viernes como el próximo fiscal de la Corte Penal Internacional. Khan se alzó con la victoria al obtener en una segunda votación 72 de los 122 apoyos emitidos por los estados miembro del tribunal en una contienda que lo midió con otros tres candidatos de Irlanda, Italia y España.
Ninguno de ellos ganó en una primera votación, pero Khan había tomado la delantera con 59 votos. Se necesitaba una mayoría absoluta de al menos 62 para proclamar un ganador.
De esta manera, el letrado de 50 años sucederá en junio a la gambiana Fatou Bensouda, que ocupaba el cargo desde junio de 2012 cuando sucedió al argentino Luis Moreno Ocampo.
Khan dirigió recientemente una investigación especial de la ONU sobre los crímenes del grupo yihadista Estado Islámico y pidió para sus cabecillas juicios como los abiertos a los jerarcas nazis en Nuremberg. Actualmente se desempeña como Subsecretario General de las Naciones Unidas.
Tiene vasta experiencia ante este tipo de instancias internacionales: ha estado invoucrado en causas juzgadas por el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR), las Salas Especiales de los Tribunales de Camboya, el Tribunal Especial para Sierra Leona, el Tribunal Especial para el Líbano, y la misma Corte Penal Internacional, entre otros.
También se desempeña como Recorder (magistrado a tiempo parcial) del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, y anteriormente prestó servicios como Fiscal Principal de la Corona en Londres y en la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales. Desde 2011 también presta servicio como Consejero de la Reina Isabel II.
Bensouda terminará su mandato tras nueve años al frente de uno de los cargos más complicados de la justicia internacional. Deja tras de sí un balance mitigado en la corte de La Haya. Su sucesor se convertirá en el tercer fiscal de la Corte desde que fue creada en 2002. Tendrá que encarar expedientes kilométricos y casos complejos en un tribunal cuya legitimidad se pone en duda constantemente.
Entre sus principales desafíos enfrentará la decisión sobre como encarar las próximas etapas en la investigación de los crímenes de guerra en Afganistán y de la polémica investigación sobre el conflicto entre Israel y Palestina de 2014 en la franja de Gaza. La semana pasada, los jueces de la CPI declararon que la corte es competente para abordar hechos ocurridos en los territorios palestinos ocupados, lo cual allana el camino para una investigación sobre crímenes de guerra.
El año pasado, el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a Bensouda y a otro alto funcionario de la CPI -como una prohibición de viaje y la congelación de sus activos- por una investigación sobre presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.
El gobierno del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, no ha indicado si levantará las sanciones contra Bensouda, quien las considera “inaceptables”.
Un balance mixto
Bensouda deja el puesto tras un balance desigual, aunque, según algunos expertos, ha ampliado el alcance de la CPI.
Durante su mandato, el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo fue absuelto de crímenes contra la humanidad y el exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba fue absuelto en apelación.
También se abandonaron los cargos de crímenes contra la humanidad retenidos contra el keniano Uhuru Kenyatta.
Sin embargo Bensouda obtuvo condenas contra Dominic Ongwen, un niño soldado ugandés convertido en comandante del Ejército de Resistencia del Señor (un grupo rebelde) y contra el jefe de guerra congoleño Bosco Ntaganda.
La CPI es el único tribunal permanente con jurisdicción para juzgar crímenes de guerra en el mundo. Se le suele criticar por haberse centrado en casos que tuvieron lugar en países africanos.
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