Las calles de Rangún registran una nueva jornada de protestas contra la junta militar que tomó el poder la semana pasada y a pesar de la represión policial de la víspera, que dejó al menos siete heridos.
Miles de personas han salido por quinto día consecutivo a las calles para pedir el fin del gobierno militar, que asestó un golpe de Estado el 1 de febrero, y la liberación de los líderes democráticos detenidos, entre ellos la Nobel de la paz y depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Tras declarar la ley marcial y prohibir concentraciones de más de cinco personas, las autoridades utilizaron el martes cañones de agua, pelotas de goma e incluso munición real contra los manifestantes en varias ciudades del país.
Una mujer se encuentra herida de gravedad en un hospital de Naipyidó, la capital fundada en 2008 por los militares, tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
Una decena de manifestantes se tumbó este miércoles sobre el asfalto de Rangún, simulando estar muertos, para denunciar la violencia ejercida por la Policía, mientras que otro grupo realizó un funeral simbólico para el general Min Aung Hlaing, quien encabezó el levantamiento militar.
“Rechazar a los militares, respetar nuestros votos. Nos levantamos en favor de la democracia”, dicen algunos de los carteles en la concentración de hoy cerca de la Universidad de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada.
Las fotos de Suu Kyi son una constante entre la columna de personas que forman la manifestación, donde los asistentes -muchos de ellos jóvenes universitarios- alzan tres dedos (anular, corazón e índice) en un popularizado gesto de disidencia.
La oficina de Naciones Unidas en Myanmar calificó anoche en un comunicado de “inaceptable” y condenó “la violencia desproporcionada” ejercida la víspera por la policía contra los manifestantes y urgió a los militares a “respetar la voluntad popular y adherirse a las normas democráticas”.
Un portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido encabezado por Suu Kyi, denunció a través de las redes sociales que soldados entraron por la fuerza en las oficinas de la LND en Rangún y otras ciudades, donde confiscaron “documentos y ordenadores”.
La junta militar birmana, que el lunes impuso la ley marcial en varias ciudades y distritos de Rangún en respuesta a las manifestaciones, justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre.
En dichos comicios, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, arrasó, como ya hizo en 2015, la LND de Suu Kyi al imponerse en esta ocasión en el 83 % de los escaños en liza.
A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Birmania hacia una “democracia disciplinada”, como la denominan el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país.
Con información de EFE
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