Este viernes se cumple un año desde que Japón detectó el primer caso de COVID-19 en el país, que recientemente ha declarado un segundo estado de emergencia en varias regiones por el alarmante aumento de contagios y muertes: alrededor del 40% del total se han producido en el último mes.
Japón confirmó su primer caso de COVID-19 el 15 de enero de 2020: un hombre de nacionalidad china residente en la prefectura de Kanagawa (al sur de Tokio) que había visitado la ciudad china de Wuhan, donde se originó el virus.
En los meses siguientes los casos aumentaron progresivamente y el país declaró su primer estado de emergencia el 7 de abril en Tokio y otras seis prefecturas (luego se ampliaría a todo el país), cuando el total de infectados rondaba los 4.300 y los nuevos contagios diarios eran menos de mil.
Según el último reporte nacional sobre COVID-19, Japón registró más de 6.600 nuevos casos el pasado jueves, para alcanzar 309.214 desde el inicio de la pandemia. Las muertes en el país relacionadas al coronavirus se sitúan en 4.315.
Según cálculos de la agencia de noticias EFE usando los datos del informe oficial del Ministerio de Salud de Japón, el 41% de los casos y el 39% de las muertes se registraron en el último mes.
Las autoridades de Tokio informaron este viernes 2.001 nuevos positivos sólo en el área de la capital japonesa.
El informe nacional se publicará mañana, pero según el recuento que efectúa en tiempo real la cadena pública NHK, la cifra diaria superará al menos los cuatro mil casos.
Esta tendencia al alza que Japón experimenta desde noviembre llevó al Gobierno central a declarar un segundo estado de emergencia el 7 de enero, que actualmente afecta a once de las 47 prefecturas del país, en las que se concentra más de la mitad de su población y donde se han producido cerca del 80% de los casos de COVID.
La alerta sanitaria japonesa, que no incluye el confinamiento de la población, sí llama a no realizar salidas innecesarias y a los comercios de la hostelería a adelantar su cierre a las 20.00 horas.
El archipiélago también ha prohibido, al menos hasta el fin de la declaración (prevista para el 7 de febrero), la entrada al territorio de quien no sea residente, siempre con excepciones.
La nueva emergencia sanitaria ha sido recibida con indiferencia por muchos japoneses, razón por la que el Ejecutivo analiza implementar multas y hasta penas de cárcel para los pacientes de COVID que rechacen la hospitalización (en principio obligatoria en Japón) o se nieguen a colaborar en el rastreo de contactos. También para los negocios que incumplan las órdenes de cierre.
(Con información de EFE)
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