H&M cortó lazos con un proveedor chino acusado de usar trabajo forzoso de la minoría musulmana Uigur

El gigante sueco de la moda minorista H&M anunció el que romperá toda relación comercial con un productor de hilo chino, luego de que este fuera acusado de usar “trabajo forzado” de la minoría musulmana uigur en la provincia china de Xinjiang, sometida a un trato por parte del régimen chino que activistas y voces del arco político han calificado de genocidio.

La compañía precisó que no trabajaría con ningún fabricante de ropa de la región y que ya no obtendrían algodón proveniente de esa región del noroeste de China, que es la zona más grande de producción de algodón del gigante asiático.

Un informe del think tank Australian Strategic Police Institute (ASPI), publicado en marzo, señalaba a H&M como uno de los beneficiarios del programa de trabajo forzado a través de su relación con el fabricante de hilo teñido Huafu, que posee una fábrica en la provincia de Anhui (en el este de China).

H&M aseguró en un comunicado que no tenía ninguna relación con esta planta de Anhui, ni con las operaciones de Huafu en Xinjiang. No obstante, el grupo sueco reconoció sin embargo que tenía una “relación comercial indirecta con una planta” situada en Shangyu, en la provincia de Zhejiang (sur), que pertenece a Huafu Fashion.

“Aunque no hay ninguna señal de trabajo forzado en esta planta de Shangyu, [y] a la espera de tener más información sobre estas acusaciones de trabajo forzado, hemos decidido eliminar progresivamente esta relación comercial con Huafu Fashion Co, independientemente de la situación y de la especialidad, en los próximos 12 meses”, añadió.

El grupo afirma que realizará “una investigación en todas las fábricas de ropa con las que trabaja en China”.

El anuncio llega dos días después de que Estados Unidos anunciara la prohibición de distintos productos elaborados en Xinjiang, alegando que eran producidos con el trabajo forzado de la minoría musulmana. Entre ellos se encuentran aquellos producidos con algodón.

“El gobierno chino abusa sistemáticamente al pueblo Uigur” y a otras minorías, dijo a la hora de realizar el anuncio Mark Morgan, el comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés). “El trabajo forzado representa un abuso atroz de los derechos humanos”, agregó.

Xinjiang está en el corazón de la industria algodonera, de hilados y textiles de China, la más grande del mundo. La región suministra el 84% del algodón del país. Allí se encuentran fábricas de hilados pertenecientes a algunos de los fabricantes de camisas más avanzados de China, que tienen contratos con marcas occidentales.

Hasta hace poco, cuando actuaban sobre sus preocupaciones por las condiciones laborales en Xinjiang, enviaban auditores para inspeccionar las fábricas. Eso se detuvo cuando comenzaron a ser monitoreados por las autoridades de Xinjiang, “como si estuvieran haciendo algo malo”. Sin auditorías, Xinjiang se ha convertido en un agujero negro en la cadena de suministro, lo que hace casi imposible que las empresas occidentales tengan proveedores allí.

Numerosos artículos se producen también en lo que Beijing llama “centros de educación”, que han sido identificados en realidad como campos de concentración. “No es un centro vocacional, es un campo de concentración donde minorías étnicas y religiosas son sometidas a abusos y forzadas a trabajar en condiciones horribles sin libertad alguna. Es esclavitud moderna”, expresó al respecto el subsecretario interino de Trabajo, Ken Kuccinelli.

Esta situación en la región ha sido ampliamente reportada por distintos medios a lo largo del mundo. Y las Naciones Unidas ha dicho que cuenta con informes creíbles que confirman que un millón de musulmanes han sido detenidos -y forzados a trabajar- en campos como el alcanzado por la última medida. También se les obliga a denunciar su religión y su idioma y se les maltrata físicamente, al punto de que ha habido reportes sobre esterilizaciones forzadas. Además, los miembros que son liberados son sometidos a una vigilancia sofisticada y constante.

El gobierno comunista, oficialmente ateo, negó en un principio la existencia de los campos de internamiento en Xinjiang, pero ante la evidencia dijo que son instalaciones de formación profesional destinadas a contrarrestar el radicalismo musulmán y las tendencias separatistas.

En diciembre pasado, las autoridades de Xinjiang anunciaron que los campamentos se habían cerrado y que todos los detenidos se habían “graduado”, afirmación que es difícil de corroborar de forma independiente dada la estricta vigilancia y las restricciones a la presentación de informes en la región. Algunos uigures y kazakos han dicho a la agencia AP que sus familiares han sido liberados, pero muchos otros dicen que sus seres queridos siguen detenidos, fueron sentenciados a prisión o transferidos a trabajos forzados en fábricas.

Y a finales de junio, un investigador alemán presentó un informe para respaldar los reportes de esterilizaciones forzadas. En las dos grandes prefecturas de esa región, donde los uigures son mayoritarios, el número de nacimientos habría caído drásticamente desde 2016, afirmó Adrian Zenz, quien dijo basarse en documentos administrativos chinos y entrevistas con mujeres locales. Algunas le dijeron que fueron obligadas a una esterilización bajo pena de ser enviadas a los campos.

Con información de AFP

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