Amnistía Internacional reveló cómo el régimen iraní intenta cubrir la crisis de Covid-19 en sus prisiones

La ONG dio a conocer una serie de documentos que ilustra como la cúpula de la teocracia islámica ignoró reiteradamente pedidos de recursos para mitigar el impacto de la pandemia en los establecimientos

El presidente del régimen iraní, Hasan Rouhani. Foto: /Iranian Presidency/dpa
El presidente del régimen iraní, Hasan Rouhani. Foto: /Iranian Presidency/dpa

La Organización No Gubernamental (ONG) Amnistía Internacional reveló que el régimen iraní ha negado e intentado cubrir la crisis de Covid-19 que se ha extendido en las prisiones del país.

En concreto, la ONG dio a conocer una serie de documentos que demuestran como la cúpula de la teocracia islámica ignoró a lo largo de cinco meses cartas enviadas por los directivos de distintos establecimientos penitenciarios, los cuales contienen pedidos de recursos para mitigar el impacto de la enfermedad en los establecimientos penitenciarios.

En un comunicado de prensa, Amnistía Internacional indicó que examinó cuatro cartas firmadas por funcionarios de la Organización Penitenciaria de Irán y dirigidas al ministerio de salud, “en las que se da la voz de alarma por la grave falta de material de protección, productos desinfectantes y equipo médico esencial”.

Sin embargo, agregó el documento, “el Ministerio de Salud no ha respondido a las cartas, y las prisiones iraníes siguen padeciendo una falta catastrófica de material para responder a los brotes de la enfermedad”.

La ONG reforzó el panorama descrito con información enviada por personas presas y sus familias, así como defensores independientes de los derechos humanos. Y grupos independientes han reportado más de 20 muertes como consecuencia de síntomas compatibles con Covid-19.

La conducta está en línea con el opaco abordaje del régimen con respecto a la pandemia a niveles generales, que también se vio ilustrado este lunes a través de un informe de la cadena británica BBC, que reveló que la cifra real de muertes como consecuencia de la pandemia supera las 42.000, casi tres veces más que las más de 17.000 reportadas.

En la misma línea, Asghar Jahangir, asesor del presidente de la Magistratura -organismo que supervisa el sistema penitenciario- ha negado las denuncias y asegurado en público que se han tomado iniciativas “ejemplares” para proteger a los reclusos de la pandemia.

Segun un informe de la BBC, al 20 de junio murieron de coronavurs alrededor de 42.000 personas. La cifra contrasta con los más de 17.000 reportados por el régimen. Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa
Segun un informe de la BBC, al 20 de junio murieron de coronavurs alrededor de 42.000 personas. La cifra contrasta con los más de 17.000 reportados por el régimen. Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa

“Estas cartas oficiales prueban claramente la terrible falta de medidas del gobierno para proteger a las personas presas. Las solicitudes de productos desinfectantes, material de protección y equipo médico, que se necesitan con urgencia, se vienen ignorando desde hace meses. Esta situación es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que en las cartas se advierte también de la presencia de una población sumamente vulnerable en las prisiones iraníes”, afirmó al respecto Diana Eltahawy, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Y agregó: “El hacinamiento, la mala ventilación, la falta de saneamiento y material médico básicos y la desatención deliberada de los problemas de salud de las personas presas están convirtiendo las prisiones iraníes en terreno abonado para la COVID-19. Las autoridades iraníes deben dejar de inmediato de negar la crisis existente en las prisiones del país en materia de salud y tomar con urgencia medidas para proteger la salud y la vida de las personas presas.”

La primera carta sobre el asunto fue enviada el 29 de febrero. Desde entonces, y a lo largo de cinco meses, envió al menos cuatro otras, datando la última del pasado 5 de julio. La cantidad de suministros solicitados, indicó la ONG, “hacen temer que exista una grave escasez de ellos en todo el país”.

Las misivas detallan a su vez que las prisiones iranía están “llenas de personas que tienen problemas médicos preexistentes, consumen drogas y/o sufren malnutrición, anemia y enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis y tuberculosis”.

También se indica que las prisiones del país albergan a “[personas] de edad avanzada, mujeres embarazadas, y madres lactantes con sus bebés, cuyo sistema inmunitario es frágil debido a su bajo nivel socioeconómico y de higiene”.

El funcionario concluyó advirtiendo que la negativa a enviar los suministros generaría “riesgos de seguridad” y “daños irreparables”. La última carta explicita la ausencia de respuestas por parte del Ministerio de Salud y solicita una reunión urgente.

Informes paralelos recibidos por Amnistía Internacional reportan sobre personas presas que muestran síntomas de Covid-19 durante días, pero ven negadas sus necesidades de atención médica. Entre los ejemplos se encuentran personas que tienen enfermedades preexistentes de pulmón y corazón, entre ellas diabetes y asma.

Una reunión de gabinete del régimen iraní. Foto: Iranian Presidency/dpa
Una reunión de gabinete del régimen iraní. Foto: Iranian Presidency/dpa

“Al empeorar sus enfermedades, a muchas se las somete simplemente a cuarentena en un ala separada de la prisión o se las recluye en régimen de aislamiento, sin acceso a servicios médicos adecuados”, describe el comunicado. La ONG también ha documentado casos -como el de la defensora de derechos humanos Narges Mohammadi- donde las autoridades se han negado a informar a las personas presas el resultado de sus exámenes de Covid-19.

Las autoridades iraníes recurrieron a la concesión de permisos carcelarios temporales para 128.000 personas, además de 10.000 indultos, para aliviar la presión sobre el sistema penitenciario. En julio, luego de admitir un repunte en la curva de contagios, anunciaron una nueva decisión de la misma naturaleza. Según declaraciones oficiales, la capacidad del sistema es de 85.000 personas, cuando la población reclusa era de 211.000.

Sin embargo, Amnistía Internacional remarcó que entre las personas alcanzadas no se encuentran los centenares de presos de conciencia: “han quedado excluidos de estas medidas tan necesarias, entre ellos defensores y defensoras de los derechos humanos, personas extranjeras y de doble nacionalidad, ecologistas, personas detenidas por sus creencias religiosas y personas detenidas arbitrariamente en relación con las protestas de noviembre de 2019″, expresó el comunicado.

Y agregó: “Las autoridades han continuado también manteniendo injustamente bajo custodia a manifestantes, disidentes, activistas de los derechos de las minorías y defensores y defensoras de los derechos humanos contra quienes se han dictado sentencias condenatorias para que empiecen a cumplir sus condenas de prisión. A algunos presos y presas de conciencia a quienes se concedieron permisos en marzo de 2020, les han ordenado regresar a la prisión”.

La conducta está en línea con el tratamiento general a los presos de conciencia en la teocracia islámica. La ONG indicó que ha documentado anteriormente la “ negación deliberada de atención médica a presos y presas de conciencia y otras personas recluidas por casos de motivación política, con lo que las autoridades iraníes ponían su vida y su salud en grave peligro”.

Para finalizar, las autoridades de Amnistía Internacional pidieron “una vez más a las autoridades iraníes que aborden con urgencia el hacinamiento en las prisiones con medidas como poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas recluidas por el ejercicio pacífico de sus derechos”.

“Deben considerar también la posibilidad de poner en libertad a otras personas, especialmente a las menores de edad, las sometidas a prisión preventiva y las que corran mayor peligro a causa del virus. Las personas presas deben tener el mismo acceso que las demás a la prevención, las pruebas y el tratamiento de la COVID-19″, reclamó Diana Eltahawy.

Y concluyó: “Deben considerar también la posibilidad de poner en libertad a otras personas, especialmente a las menores de edad, las sometidas a prisión preventiva y las que corran mayor peligro a causa del virus. Las personas presas deben tener el mismo acceso que las demás a la prevención, las pruebas y el tratamiento de la Covid-19.

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