El juicio por la demanda colectiva contra Volkswagen en España por daños y perjuicios comienza este lunes, a más de cuatro años del destape del escándalo “dieselgate” en el que la automotriz instaló dispositivos que camuflaban el nivel real de emisiones.
La empresa ya ha otorgado compensaciones a clientes en otros países, por lo que 7.500 afectados agrupados en la demada de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclaman un resarcimiento total de 22,5 millones de euros (unos USD 24 millones, aproximadamente 3.000 para cada uno).
El proceso, en manos del juzgado mercantil 1 de Madrid, es la única vía judicial abierta en España por el escándalo. La OCU, además, denuncia que Volkswagen ha tenido un “diferente tratamiento” con lcientes de otros países, ya que en EEUU acordó pagar entre 5.000 y 10.000 dólares por vehículo, o llegó a acuerdos sustanciales en Australia, pero en Europa el proceso ha debido llegar hasta los tribunales. Además, la empresa indemnizó a los accionistas por ocultar información.
Sin embargo, los abogados de la empresa destacan las diferencias en la legislación: en EEUU, la compañía certifica sus productos, por lo que hubo un fraude contra la Ley de Calidad del Aire; en cambio, en Europa hay entes públicos que dan la buena fe al cumplimiento de la normativa. De esta forma, Volkswagen sostiene que los organismos estatales son culpables de haber homologado los vehículos y, por tanto, colaboradores necesarios en el fraude.
La pugna ya tuvo dos intentos fallidos de arbitraje. Además, el año pasado la Agencia Catalana del Consumo archivó una denuncia administrativa de la OCU, ya que determinó que no había “infracción en materia de protección de las personas consumidoras”.
Por ello, la organización de consumidores ha rechazado la postura de las autoridades españolas por su falta de sanciones, teniendo en cuenta el reconocimiento de Volkswagen sobre el fraude.
Según la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, Volkswagen utilizó un software para alterar los resultados de sus emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) en los ensayos de homologación. En consecuencia, los vehículos excedían hasta 40 veces lo que certificaba la empresa, que vendía sus modelos como supuestamente más ecológicos que la competencia.
El "dieselgate" salió a la luz en 2015 cuando Volkswagen admitió haber trucado 11 millones de vehículos para esconder su nivel real de emisiones contaminantes y, desde entonces, le costó a Volkswagen más de 30.000 millones de euros en gastos legales, multas e indemnizaciones, principalmente en Estados Unidos.
Los inversores también se reunieron para reclamar una indemnización por la drástica disminución de la acción del fabricante en los días siguientes a la revelación.
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