Myanmar, el segundo país más grande del sudeste asiático, enfrentó hoy la primera de una serie de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -principal órgano judicial de la ONU- respecto de las acusaciones de genocidio en contra de la minoría rohingya. Investigadores del organismo multilateral han asegurado que las acciones investigadas en efecto constituyen lo que se conoce como “crimen de crímenes”.
En el lado acusador se encuentra Gambia, que actúa en representación de la coalición de 57 Estados miembros de la Organización de la Cooperación Islámica, fe que profesa la minoría en el centro del proceso.
En tanto, como defensora del Estado birmano -de mayoría budista- llegó a La Haya Aung San Suu Kyi, una figura que ya era conocida en el plano internacional, aunque por otros motivos: en el año 1991 recibió el premio Nobel de la Paz por su activismo por la democracia en su país.
Hoy, en contraste, escuchó los llamados de Gambia a que “cese el genocidio” contra los rohingya. Desde agosto de 2017, unos 740.000 miembros de la etnia se refugiaron en Bangladesh para huir de los abusos del ejército birmano y de las milicias budistas.
“Todo lo que Gambia pide es que digan [a Myanmar] que ponga fin a estas matanzas sin sentido, que cesen estos actos de barbarie y este genocidio contra su propio pueblo”, insistió el martes el ministro gambiano de Justicia, Abubacarr Tambadou, delante de los jueces de la Corte.
También declararon distintas víctimas, entre ellas el de una madre cuyo hijo de un año fue asesinado a golpes y el de una mujer embarazada de ocho meses que fue violada varias veces.
“Cada día en que no hacemos nada muere más gente, son violadas más mujeres y quemados vivos más niños. ¿Qué crimen cometieron? Solamente el de haber nacido en una religión diferente” agregó Tambadou, exfiscal del Tribunal penal internacional para Ruanda.
Además de describir de forma explícita los testimonios de violación, mutilación y asesinato de niños por parte de soldados, el equipo legal de Gambia recalcó lo que describió como la “intención genocida continuada” de Myanmar y cómo el gobierno seguía avivando el odio racial.
Gambia solicitó medidas provisionales para impedir “ejecuciones extrajudiciales y maltrato físico; violaciones y otras formas de violencia sexual; la quema de viviendas y pueblos; la destrucción de tierras y ganado; la privación de alimentos y otras necesidades; o ninguna otra imposición deliberada de condiciones de vida calculada para provocar la destrucción física de todo o parte del grupo rohinya”.
El responsable de una misión investigadora de la ONU en Myanmar advirtió en octubre que “hay un grave riesgo de genocidio recurrente”. También concluyó que Myanmar debería rendir cuentas en foros internacionales por supuesto genocidio contra los rohinya.
Un grupo de siete ganadores del Nobel de la paz pidió a Suu Kyi que “reconozca públicamente los crímenes, incluido el genocidio, cometidos contra los rohinya. Estamos profundamente preocupados porque en lugar de condenar estos crímenes, Aun San Suu Kyi está negando que estas atrocidades ocurrieran siquiera”.
En su comunicado, firmado antes de la vista, que dura hasta el jueves, afirmaron que “Aung San Suu Kyi debe rendir cuentas en un proceso penal, junto con sus comandantes militares, por los crímenes cometidos”.
No obstante, Suu Kyi conserva el apoyo en su país natal. Miles de personas desfilaron el martes en varias ciudades de Myanmar para apoyarla. “Debemos apoyarla pues ha viajado para defender la dignidad de nuestro país” declaró a AFP Thant Zin, un habitante de Rangún de 57 años.
El Ministerio del Interior subió hace poco a su sitio web un comunicado en el que atribuía la nueva presión internacional sobre el país a una falta de comprensión sobre “las complejidades del asunto y las historias del pueblo de Myanmar”.
Las autoridades birmanas mantienen por su parte que los militares no hicieron más que reaccionar a los ataques de la rebelión rohinyá, y que no hubo limpieza étnica ni genocidio. Sin embargo, la visión de la comunidad internacional es distinta: su imagen se deterioró en directa proporción con su defensa de las acciones del mismo ejército que la mantuvo bajo arresto domiciliario.
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