El gobierno de España pidió cerrar las "embajadas" catalanas en Alemania, Suiza y Reino Unido

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cierre las "embajadas" catalanas en Alemania, Suiza y Reino Unido como medida cautelar.

Así lo informó este martes el Ministerio a través de un comunicado que denuncia que esos centros diplomáticos trabajan "con singular intensidad" para los objetivos del proceso independentista de Cataluña.

El documento recuerda además que sólo el Estado tiene competencia para conocer de asuntos internacionales,-tal y como establece la Constitución Española en su artículo 149-, por lo que la actividad de las "embajadas"  catalanas en el exterior vulneraría este título exclusivo.

Mariano Rajoy cerró las "embajadas" catalanas: el Govern las reabrió 

La petición del Ministerio se presentó el lunes como medida cautelar, en el marco de la causa judicial abierta contra el decreto que impulsó en 2018 el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que permitió reabrir las "embajadas" catalanas en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, EEUU, Italia, Suiza y Francia.

Todos estos centros diplomáticos habían sido cerrados en noviembre de 2017 por el entonces presidente de España,  Mariano Rajoy, que se apoyó en el artículo 155 de la Constitución Española. Este precepto legal contempla medios de control que puede asumir el Estado cuando las Comunidades Autónomas incumplen "las obligaciones impuestas por la Constitución u otras leyes", o atentan "gravemente" contra el interés general nacional.

A pesar de que Mariana Rajoy clausuró estos centros en 2017, la Generalitat de Catalunya lanzó el Decreto 126/2018 para reabrirlas, una decisión que llevó al Ministerio de Exteriores a interponer una denuncia en 2018 que aún sigue abierta.

En el marco de esta causa, el Ministerio presentó el lunes la solicitud para cerrar de forma cautelar las delegaciones de Alemania, Suiza y Reino Unido. La petición llega una semana después de que el consejero de Acción Exterior del gobierno catalán, Ernest Maragall, anunciara la apertura de tres nuevas "embajadas": México, Túnez y Argentina. Con ellas, la Generalitat contaría con 16 delegaciones en total en tres continentes distintos, y su objetivo, aclaró el consejero, es expandirse.

Tres nuevas embajadas para "internacionalizar el procès"

"El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) remitió a la Generalitat de Cataluña este martes 25 un informe desfavorable sobre la apertura de tres nuevas delegaciones en México, Argentina y Túnez", informó el ministerio encabezado por Josep Borell tras el anuncio del gobierno catalán.

"El informe considera que la apertura de las mencionadas Delegaciones es en estos momentos lesiva para los intereses del Estado, habida cuenta del objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del procès [proceso de independencia de Cataluña]", añadió el comunicado.

Aunque según la Ley de Acción Exterior impulsada por el ejecutivo de Mariano Rajoy obtener este informe es obligatorio, su conclusión no es vinculante, por lo que Cataluña puede seguir adelante con su proyecto de expansión aunque el informe sea negativo.

Ahora, para intentar poner freno a la ofensiva de la Consejería de Exteriores de Cataluña, el gobierno de España instó al TSJC a cerrar tres delegaciones: Alemania (Berlín); Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra), al ser los centros catalanes en el exterior que se adhieren con más intensidad a los objetivos de independencia de Cataluña.

"Si bien la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando, en su conjunto, dañina para los intereses del Estado, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones en Alemania (Berlín), Reino Unido e Irlanda (Londres) y Suiza (Ginebra) responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos. Por esta razón, la solicitud de medidas cautelares presentada se circunscribe en este momento a la actividad de esas tres delegaciones.

El Tribunal Constitucional avaló la aplicación del art. 155

El 27 de octubre de 2017, Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, declaró en el Parlamento la independencia unilateral de Cataluña. Sus palabras, hicieron estallar un conflicto interno que llevaba fraguándose en España desde 2010, y llevaron al entonces presidente del país, Mariano Rajoy, a aplicar el controvertido artículo 155 de la Constitución Española.

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", explica el precepto.

Ante la negativa del presidente de la Comunidad Autónoma a cumplir las directrices del gobierno español, la mayoría absoluta del Senado aprobó el artículo 155, que permitió a Mariano Rajoy disolver el Parlamento Catalán, cesar al Govern y convocar de nuevo elecciones autonómicas. 

Esta acción del ex presidente de España llevó al partido Podemos, de ala izquierdista, a presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional. Entendía que se había hecho una mala interpretación del precepto legal, que en ningún momento autorizaba al gobierno central a disolver cámaras e instituciones autonómicas elegidas de forma democrática.

"El 155 permite enviar instrucciones directas de cumplimiento a las comunidades autónomas e incluso asumir algunas acciones ejecutivas pero seguro que no permite disolver el Parlament ni el Govern de la Generalitat. Eso no es el 155 sino la modificación de facto del Estatut y del autogobierno de Cataluña", dijo entonces el político catalán de Podemos Xavier Domènech.

También el Parlament presentó una denuncia ante el Tribunal Constitucional, al considerar que la expulsión de Carles Puigdemont y su gabinete no respetaba "los principios de gradualidad y de proporcionalidad". 

Ahora, el alto tribunal publicó un "adelanto" en un comunicado, para informar que el pleno desestimó ambas quejas y "avaló por unanimidad la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña". La sentencia, avanzó, se publicará en algunos días.