La Corte Penal Internacional investiga los crímenes de guerra en Libia: las violaciones masculinas, el "nuevo desafío"

La Corte Penal Internacional (CPI) ha luchado por garantizar sus expedientes en Libia desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargó la investigación de los crímenes de guerra luego de la caída de Muammar Gaddafi en 2011. La posibilidad de enfrentarse a una serie de nuevos casos, incluyendo repetidas violaciones masculinas, planteará cuestiones de capacidad, pruebas y autoridad para el tribunal, que ha sido acusado de politizar la justicia y de estar limitado en sus poderes.

Hasta el momento, la CPI no ha llevado a juicio a libios a La Haya, ya que inicialmente se le encomendó la tarea de investigar crímenes de guerra en el país. Muchos activistas de derechos humanos huyen de Libia por temor a represalias u operan desde el exterior.

El ex fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, ha sido acusado de haber entablado una alianza con un empresario libio cercano al alto militar Khalifa Haftar, el jefe del llamado Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés), y una de las milicias investigadas por la Corte.

Ocampo ha negado los cargos, pero una filtración de 40.000 correos electrónicos dejó a su sucesora, Fatou Bensouda, frustrada por su comportamiento y por el daño infligido a la credibilidad de la CPI.

Al mismo tiempo, una serie de referencias a la Corte, en gran parte políticas, han sido realizadas por las partes interesadas utilizándolas como elemento a favor en sus batallas ideológicas. Un grupo de organizaciones civiles del oeste de África apuntó contra el ex presidente francés Nicolas Sarkozy por su papel en la intervención militar en Libia en 2011.

El hijo de Gaddafi, Saif, sujeto a ser procesado por la CPI, advirtió que pediría que Qatar comparezca ante la Corte por su papel en el derrocamiento de su padre. También se ha dicho que una figura destacada del movimiento Fatah, del presidente palestino Mahmoud Abbas, será señalada en el marco de nuevas disputas diplomáticas.

Los tribunales nacionales libios están en disputa con la CPI sobre su derecho a juzgar.

Bensouda hasta ahora ha tenido poca suerte en la extradición de sospechosos. Sin una fuerza policial o un brazo de seguridad que trabaje a favor del tribunal en Libia, la ex ministra de Justicia de Gambia ha luchado para infundir temor a los acusados ​​de haberse comportado con impunidad.

Probablemente en el caso más escandaloso, la fiscal de la CPI no ha podido, a pesar de las reiteradas solicitudes, extraditar a Mahmoud al-Werfalli, comandante superior de las fuerzas especiales de la Armada Libia, quien fue acusado por el asesinato de 33 personas en Bengasi entre junio de 2016 y julio de 2017. El caso no solo es significativo por el papel de Werfalli en la política libia, sino por la forma en que la evidencia recopilada en las redes sociales, a menudo manipulada por los propagandistas, se ha considerado admisible.

Otros 36 cuerpos con heridas de bala en la cabeza y signos de tortura fueron descubiertos el mes pasado en Abyar, a unos 64 kilómetros de Bengasi.

En ese momento Haftar dijo que Werfalli había sido arrestado, pero hay escasas pruebas de ello.

Además, algunos diplomáticos llegan a la conclusión de que Haftar podrá presentarse a las elecciones presidenciales, aunque sus lugartenientes están acusados ​​de crímenes de guerra.

A pesar de los reveses, en mayo Bensouda amplió sus investigaciones sobre los líderes políticos y militares respecto al sistemático maltrato de los inmigrantes. Declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que estaba reuniendo información con las ONG sobre el tratamiento de los inmigrantes atrapados en los centros de asilo. La fiscal reconoció que estaba consternada por los creíble informes de que Libia se ha convertido en un mercado para el tráfico de personas.

Las últimas acusaciones de sistemáticas violaciones masculinas, reunidas por grupos de Túnez, y perpetradas por partidarios y opositores de Gaddafi, presentan un nuevo desafío para la CPI.

Abogados de derechos humanos, como "Abogados por la Justicia en Libia (LFJL, por sus siglas en inglés)", emitieron un comunicado esta semana instando a la Corte a ser más proactiva.

La directora de LFJL, Elham Saudi, dijo que "a pesar de las repetidas promesas de investigar graves violaciones, el estado libio aún tiene que responsabilizar a una sola persona por asesinar, torturar y abusar de civiles y de aquellos que han sido capturados o heridos después del levantamiento de 2011".

Agregó que ahora depende de otros actuar. "Dada la falta total de mecanismos de disuasión sobre el terreno, existe una necesidad urgente de que la CPI busque de manera proactiva la rendición de cuentas en Libia y disuada la comisión de nuevos crímenes".