A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que el “abrazos, no balazos” es la política de seguridad de su gobierno, Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por los altos niveles de violencia e impunidad que imperan actualmente en México.
Y es que en su “Informe Mundial 2023: Tendencias de los derechos en México”, la organización de derechos humanos no gubernamental señaló que bajo el mandato de AMLO se registran en el país 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa un récord histórico.
Incluso, subrayó que cerca del 90% de los crímenes no son denunciados, un tercio de los denunciados nunca son investigados y solo 16% de los que se indagan son resueltos en acuerdos prejudiciales o en tribunales, de acuerdo con datos tomados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Precisó que los casos más graves son los de las desapariciones, con más de 36 mil desaparecidos durante el mandato de López Obrador, quien llegó al poder desde diciembre de 2018. Cabe mencionar que estos casos muy raramente se investigan.
El informe también destacó que México es uno de los países “más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos”. Quince de estos profesionistas fueron asesinados entre enero y septiembre, y doce activistas en el primer semestre; en ambos casos, estos hechos “son raramente investigados o perseguidos”.
Sobre el papel del Ejército, se recordó que López Obrador, quien antes de llegar al gobierno era partidario de que los militares regresaran a los cuarteles, en 2022 cambió de opinión e impulsó una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir labores de seguridad pública hasta 2028.
Pero la tortura es “ampliamente practicada” tanto por la Policía como la fiscalía y el Ejército para obtener confesiones y extraer información, mientras que el sistema judicial “normalmente no logra garantizar el debido proceso” a los detenidos.
Esto ha provocado que las prisiones están llenas de reos preventivos, que suponían en 2020 un 85% de los reclusos, porque lo más habitual es que los tribunales así lo ordenen para cada sospechoso sin sopesar las circunstancias de cada caso, “violando así los estándares internacionales”; aunado a que las cárceles están sobrepobladas y son “insanas”.
Además, AMLO dio a los militares numerosas responsabilidades del poder civil desde control migratorio al aduanero, pasando por programas sociales u obras públicas, dándoles el poder de detener civiles e investigar crímenes “algo que en el pasado contribuyó a atropellos de derechos humanos”, según la organización.
En el capítulo migratorio, México pasa por ser el agente principal de la “tercerización” de las políticas de Estados Unidos: en 2021, las autoridades detuvieron a más de 307 mil migrantes, la cifra más alta nunca registrada, y que fueron enviados a centros de detención “notablemente superpoblados e insalubres”, donde además muchos “son a menudo presionados para el retorno a sus países”.
Prácticamente los únicos capítulos donde el informe de HRW reconoce algún avance en México son los derechos sexuales, con varios estados que han legalizado el matrimonio homosexual o que han facilitado los procesos de cambios de sexo para personas trans a nivel administrativo.
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