Pedro Alejandro Rubio Pérez, identificado como el ex líder de una organización de narcotráfico que operaba en Baja California fue condenado en una corte de Estados Unidos a 15 años de prisión.
Según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la sentencia contra Rubio Pérez fue por “su papel al frente de una organización internacional de tráfico de drogas que transportó más de 450 kilos de cocaína y 45 mil kilos de marihuana a los Estados Unidos desde México”.
Rubio Pérez fue detenido en noviembre de 2013 y extraditado dos años después a los Estados Unidos junto con César Gastelum Serrano, ex socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por los delitos de asociación delictiva y narcotráfico.
“Los ahora extraditados fueron requeridos por diferentes centros preventivos federales, hasta el aeropuerto de Toluca donde se formalizó su entrega a las autoridades norteamericanas”, explicó en aquel entonces la Procuraduría General de la República (PGR) a través de un comunicado.
Rubio Pérez estaba afiliado al Cártel de Sinaloa y fue arrestado en 2013 por los cargos de drogas y crimen organizado, informó Associated Press.
En abril de 2018, el imputado se declaró culpable en el Distrito de Columbia del delito de conspiración para distribuir cinco kilogramos de cocaína y mil kilos (o más) de cocaína y mil kilos (o más) de marihuana para su importación a los Estados Unidos.
De acuerdo con documentos judiciales, los cargamentos de cocaína y marihuana que fueron traficados por Rubio Pérez se incautaron en los estados de Arizona, California y Misuri.
El dinero en efectivo de las ganancias por las operaciones de tráfico de enervantes eran ocultadas en los mismos camiones con remolque y se entregaban en lugares estratégicos de la frontera entre México y Estados Unidos.
Después de que se contaba el dinero, detallaron las autoridades, era llevado hasta Rubio Pérez en México a través de aviones privados, los cuales podían llegar a transportar hasta 2 millones de dólares en un solo viaje.
La Oficina de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en el Condado de Orange, California, en colaboración con sus oficinas en México, estuvieron a cargo de las investigaciones alrededor el caso.
Las fiscales Kate Naseef y Samantha Thompson, de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas de la División Penal, llevaron el caso, con la ayuda de autoridades judiciales de Ciudad de México, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y de la Oficina de Operaciones de Cumplimiento de la División Penal.
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