CNDH emitió medidas cautelares a autoridades tras violenta fuga de reos en CERESO No 3 de Ciudad Juárez

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a las autoridades del Gobierno de Chihuahua, luego de que en días pasado 17 personas fallecieron, 13 resultaron heridas y 25 reos se dieron a la fuga tras un ataque en el Centro de Readaptación Social (CERESO) Número 3.

A través de un comunicado el organismo informó las disposiciones tienen la finalidad de evitar que haya tratos inhumanos o crueles al interior de los penales de la entidad, así como salvaguardar la integridad de los internos y los trabajadores.

Indicó que tras los hechos ocurridos el pasado primero de enero se comunicaron con el titular de la titular del Sistema Penitenciario estatal para conocer la situación al interior del CERESO. Este les informó que habían activado los protocolos correspondientes y dado aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal, además de solicitar el apoyo del Ejército Mexicano.

Debido a los hechos de violencia que permitieron que al menos 25 internos se dieran a la fuga, incluido Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, presunto cabecilla de Los Mexicles y otros miembros del grupo criminal, solicitaron medidas cautelares “urgentes a implementar”.

Entre las disposiciones que solicitaron está “garantizar las condiciones de gobernabilidad en dicho centro penitenciario y continuar con la aplicación estricta de los Protocolos correspondientes para la atención y control de incidentes violentos y de aquellos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal”.

Especialmente pidieron la realización de acciones de diálogo, disuasión y negociación con los internos, “a fin de recobrar el orden de dicho CERESO; así como para la atención óptima, adecuada y oportuna, con respeto a los derechos humanos, de las partes involucradas e implementar un mecanismo adecuado para informar, de manera inmediata, a los familiares de las personas privadas de la libertad y del personal de seguridad y custodia sobre su estado de salud actual, además de que se les otorgara atención médica”.

Respecto a la participación de militares, elementos de la Fiscalía y de la Policía estatal a petición de las autoridades locales, pidieron que en todo momento se garantice que las “acciones para reestablecer el orden” sean “conforme al uso gradual de la fuerza y solo en los casos estrictamente necesarios”, tomando en cuenta la legalidad, vigilancia y absoluta necesidad.

La Comisión también pidió que se brinde una investigación adecuada, imparcial y amplia sobre los hechos ocurridos, sin que haya represalias en contra de los presos o sus familiares.

Para los 17 fallecidos, la Comisión urgió a las autoridades del CERESO su colaboración en las investigaciones y gestiones para que los familiares tuvieran información oportuna, así como acompañamiento de atención integral.

También requirió que las acciones que se realicen estén apegadas a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y con respeto a la dignidad a los presos y quienes laboran en el CERESO.

Sumado a ello, instruyó actividades entre la Tercera Visitaduría General y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), para que se identifiquen factores de riesgo y proponer medidas de prevención de posible tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para supervisar que se ha cumplido, realizarán visitas a los penales de Chihuahua.

“Este Organismo dará seguimiento puntual a los resultados de las investigaciones iniciadas y observará que se respeten y protejan los derechos humanos de las personas agraviadas por los hechos ocurridos, así como del resto de la población penitenciaria y de quienes ahí trabajan, ante cualquier circunstancia que pueda colocarlas en riesgo o peligro”, sentenció la CNDH.

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