La inseguridad en México se suma como otro impuesto de al menos 10% a la industria minera, reveló este martes José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).
“La inseguridad e impunidad es en todo el país, no exagero. Es un impuesto adicional que la minería tiene. El robo de materiales, el robo de nuestro producto ya terminado, es uno de los problemas más importantes que tenemos”, afirmó en conferencia de prensa.
De acuerdo con el presidente de la Camimex, que representa el 2,5 % del producto interior bruto (PIB) mexicano, estos robos representan entre 10 % y 20 % de costo directo a las empresas mineras en México que sufren los desfalcos.
“Sí es un mínimo de hasta un 10 % en el costo directo de la empresa. Esto, solamente los robos, sin considerar todo el personal capacitado para guardias, etcétera”, comentó.
El líder de los empresarios mineros detalló que los beneficios de la industria minera mexicana por el valor de los minerales ascendieron a los 269.000 millones de pesos (unos 13.450 millones de dólares) en 2021.
Lo anterior representó un incremento del 25 % con respecto de 2020, impulsado principalmente por el encarecimiento de los minerales entre las materias primas o “commodities” en el mercado financiero global, producto de la disrupción de las cadenas globales de proveeduría y la guerra entre Ucrania y Rusia.
“Esto es debido, en una gran parte, al precio de los metales, no a que se haya incentivado la minería”, enfatizó Gutiérrez, quien agregó que la industria minera es la quinta actividad generadora de divisas en México, con ingresos por 23.579 millones de dólares en el último año.
También aclaró que no todo el territorio está concesionado para la minería en México, pues detalló que la industria solo ocupa el 0,1 % del país, sin que haya habido nuevas concesiones por los últimos cuatro años, detenidas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Sin nueva exploración
Karen Arredondo, directora general de la Camimex, agregó que desde 2014 no se invierte en exploración nueva, lo que es perjudicial para la industria minera, ya que los estudios de factibilidad medioambiental y económicos tardan entre 10 y 20 años.
Añadió que las condiciones actuales desincentivan las inversiones nacionales y extranjeras en la actividad minera, lo que propicia salidas de capital a mercados más competitivos como Canadá, Perú, Chile y Estados Unidos.
“Nos falta todavía entre el 60 % y 70 % de área por explorar en el país y, si no se ha explorado, también ha sido por falta de infraestructura, pero potencial existe, un potencial tremendo”, comentó.
Arredondo expuso que las empresas afiliadas a Camimex, que representan a más del 80 % del sector, mantienen la intención de elevar la inversión en el país por hasta 11.000 millones de pesos (550 millones de dólares) en los próximos dos años, pero “siempre y cuando” existan “las condiciones adecuadas”.
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