Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, dijo que la Reforma Electoral, que se espera materializar a través de modificación a las leyes secundarias y no a la Constitución, puede ser votada hasta abril de 2023, pero aclaró que ésta “ya se está cocinando”.
Este miércoles 30 de noviembre, un día después de posponer la discusión y probable votación de la Reforma Electoral constitucional, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro señaló que ante la probable negativa de poder reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será puesto en la agenda parlamentaria para aplicar las modificaciones que promueve la llamada Cuarta Transformación (4T).
Durante una breve declaración a medios de comunicación, el morenista reiteró su apoyo a la iniciativa constitucional promovida por el jefe del ejecutivo federal, que tiene como propósito disminuir los costos en general para las elecciones de los mexicanos; sin embargo, ante la negativa que ratificó la oposición parlamentaria (PRI, PAN, PRD y MC), expresó que necesita que ocurra la votación para que se vea la postura de la oposición.
Una vez que esto ocurra, los promotores de la 4T (Morena, PT y PVEM) darán inicio al Plan B del presidente, mismo que ya está en proceso y que se puede presentar ante el Congreso de la Unión hasta abril de 2023 para que éste aplique para las elecciones de 2024, donde se renovará la presidencia de la república, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, otros ocho gobiernos locales y las cámaras legislativas federales.
En cuanto a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), Mier Velazco dijo que se va a modificar para ahorrar recursos del erario público y, para argumentar su postulado, señaló la existencia de un documento signado por el propio Lorenzo Córdova en 2014 que hacía referencia a la reforma electoral de ese año, donde el Instituto Federal Electoral (IFE) pasó a ser Nacional.
De acuerdo con lo mencionado por el diputado, la reforma de 2014 iba a generar distorsiones y resquebrajamiento del sistema electoral mexicano y duplicidad de funciones entre los OPLEs y el INE, pues no quedaban precisadas las atribuciones exclusivas de estos organismos.
La duplicidad de funciones y el no esclarecimiento de éstas, además de generar problemas de fiscalización, tendría como consecuencia un costo excesivo en las elecciones. Al respecto, dijo que con la aplicación de estas modificaciones, en el INE se estaría hablando de una reducción presupuestal cercana a los 3 mil millones de pesos de la pura estructura operativa.
Sin embargo, reconoció que existen limitaciones entre el Plan A y el Plan B de la reforma político-electoral, esto porque, a través de leyes secundarias, no se puede modificar lo que está expresamente escrito en la CPEUM, por ejemplo, el número de integrantes de las dos cámaras. Esto quiere decir que no se podría reducir de 500 a 300 los diputados ni de 128 a 96 los senadores.
Finalmente, si se llegara a aprobar esta iniciativa en abril de 2023, el INE deberá de fiscalizar sus gastos conforme a la nueva reforma electoral y todos los excedentes que se tengan entre lo ay presupuestado (en octubre de este año) con lo no ejercido, deberán de regresarse directamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para que se reintegren al gasto corriente de la administración pública federal.
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