Un caso por conspiración en la importación de drogas como fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína, llevado a cabo por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con base en Michoacán, puso de relieve cómo desde el 2018 el cuartel de las cuatro letras utiliza la ciudad fronteriza de Laredo, Texas, como un trampolín para mover su mercancía a través de los Estados Unidos.
El caso entró la semana pasada en una segunda fase de sentencia. Tres hombres, entre ellos el que es considerado el líder de la conspiración, se presentaron ante la juez de distrito de Estados Unidos, Diana Saldana, para conocer sus sentencias. Desde el pasado mes de abril Infobae México dio conocer que al menos una docena de individuos participaron en las acciones operativas para el tráfico de sustancias.
Gustavo, alias “El Tavo”, originario de Michoacán, fue condenado a 20 años de prisión, mientras que dos de sus socios, identificados como Uriel López, también de Michoacán, y Juan Hinojosa, de Laredo, recibieron sentencias de 9 y 10 años respectivamente. Los tres integrantes del CJNG se declararon culpables de cargos por tráfico de drogas.
El caso que devino en las múltiples detenciones de los miembros del CJNG, y en el desmantelamiento de la célula que se dedicaba al tráfico de drogas desde Michoacán hacia Estados Unidos para su posterior distribución en las ciudades del país vecino, comenzó en mayo de 2018 cuando un agente de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) se alió con un informante que lo ayudó adentrarse en las operaciones del grupo.
Los agentes de la DEA le proporcionaron un teléfono celular encriptado mediante el cual pudieron escuchar cómo se negociaban la operaciones de compra-venta de enervantes. Las compras, según los documentos judiciales consultados por el medio Breitbart Texas, eran por kilogramos y alcanzaban los miles de dólares.
Gracias a esas conversaciones las autoridades pudieron detener a conductores en ciudades estadounidenses como Dallas y Houston y Laredo. Ahí se trasladaban para llevarse cantidades importantes de metanfetamina ocultas en baterías de vehículos, bloques de madera, gatos hidráulicos u otros objetos para camuflar la droga. De igual forma se utilizaban otros métodos para transportar cocaína y heroína hacia el norte.
Dos de los implicados recibieron sentencia el lunes 4 de abril. Se trató de Juan José García Lema (45 años, Nuevo León), quien recibió una sentencia de 80 meses de prisión, y Jorge Luis Castellanos (37 años, Michoacán), a quien la jueza Diana Saldana le impuso una pena de 67 meses.
En tanto, los ocho restantes recibieron su sentencia días después, las cuales fueron desde los 108 meses hasta los 210 (entre los nueve y los 17 años). Dos fueron sentenciados a 192 meses cada uno: Roberto Iván Rodríguez (27 años) y Manuel Enrique Ayala (45 años), ambos originarios de Nuevo Laredo.
Daniel Hinojosa (52 años) y Santos Salazar (35 años) recibieron sentencia de 262 meses de prisión cada uno, mientras que Giovani Méndez, Víctor Hinojosa (36 años), Omar Hiracheta-Cruz (38 años) y Armando Hernández (33 años) fueron sentenciados a 108, 210, 192 y 120 meses, respectivamente.
Desde el 2017, Juan Manuel Salazar fue identificado por las autoridades estadounidenses como el operador principal de un grupo de camioneros y operadores de escondites, quienes ocultaban la droga en el interior de diversos objetos.
La ruta que eligieron para transportar la droga partía desde Jalisco y Michoacán (tierra de Nemesio Oseguera, líder de esta organización criminal) . De ahí se enviaba a Nuevo Laredo, Tamaulipas, para después trasladarla a Texas, Estados Unidos, donde se guardaba en unidades de almacenamiento y remolques de camiones. Una vez en territorio estadounidense, la droga se distribuía en Houston, Dallas, Memphis, Tennessee, Kentucky y Carolina del Norte.
Las operaciones por parte de las autoridades estadounidenses se realizaron a través del programa Fuerzas Especiales para el Control de Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés), a través del cual se identifica y desmantela a las organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.
De igual manera, participaron el Departamento de Policía de Laredo, la Administración del Control de Drogas (DEA), la Guardia Nacional de México y la Interpol de la Ciudad de México.
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