El “derecho a la vida desde la concepción” ya no existe, la SCJN lo invalidó por norma en Aguascalientes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el concepto de “derecho a la vida desde la concepción” en relación a una norma promovida en Aguascalientes, uno de los estados más conservadores de México, con lo cual se avanza en la agenda que promueve los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la república, pues este concepto es el que había promovido un marco jurídico punitivo contra la interrupción del embarazo.

Y es que el Congreso local del estado promovió en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes (CPEA) que la vida se debe de proteger desde su concepción, algo que pareció anacrónico pues dicha iniciativa fue promovida y aprobada en pleno 2021. Al respecto, cabe destacar que esta reforma fue emanada de la organización de ultraderecha conocida como Frente Nacional por la Familia, la cual se ha posicionado contra el aborto legal, gratuito y seguro, así como contra la educación sexual en las escuelas públicas.

Ante la promoción de esta reforma al Artículo 2°de la Carta Magna local, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en conjunto con colectivas feministas locales, promovieron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Esto porque la legislación local no puede contradecir a la legislación federal, es decir, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) no contempla que la vida se considera a partir de la concepción, la Constitución de Aguascalientes no podría apelar a esta interpretación, motivo por el cual las magistradas y magistrados de la SCJN establecieron un debate en relación a esta reforma local y determinaron que el concepto de “derecho a la vida desde la concepción” no es constitucional.

De acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte y, conforme a precedentes, “las entidades federativas no están facultadas para modificar el concepto de persona en sus constituciones locales”. Aunado a ello, advirtió que la implementación de esta modificación puede “comprometer el ejercicio de los derechos a la autonomía reproductiva, vida, igualdad, salud e integridad personal de las mujeres y personas gestantes”.

Al respecto, cabe destacar que las múltiples luchas de la vanguardia feminista contemporánea han incidido en el quehacer político, social y legal de México, donde una de las principales consignas es el de la maternidad deseada, donde el gobierno promueva la legalización del aborto, para que las mujeres que así lo deseen puedan acudir a algún centro de salud del Estado para interrumpir de manera legal su embarazo siempre que éste no rebase las 12 semanas de gestación.

Y, aunque la lucha se ha presentado por generaciones, fue a partir de que se implementó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Distrito Federal (DF), ahora Ciudad de México (CDMX), que las mujeres capitalinas han podido acercarse a un mejor ejercicio de su salud sexual y reproductiva.

De tal modo que, con el pasar de los años, algunas entidades federativas se han sumando a este tipo de políticas; sin embargo, algunos gobiernos estatales han presentado resistencia ante este derecho, incluso, en caso de que ocurra un aborto espontáneo se implementan políticas coercitivas en detrimento de la mujer gestante. Motivo por el cual, autoridades federales, como la SCJN, se ven en la necesidad de intervenir ante la apelación de sectores de la sociedad.

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