
Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, podría llevar su proceso judicial en libertad, esto porque su defensa promovió un amparo para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que la Fiscalía General de la República (FGR) giró en su contra por los múltiples casos de fraude por los que es investigado.
Este miércoles 7 de septiembre, un Tribunal Federal otorgó el recurso al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) que es investigado por el entramado de sobornos de Odebrecht, con lo cual se abre la posibilidad de que el ex funcionario del peñanietismo abandone el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Específicamente, Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, ordenó que se estudie nuevamente el caso para emitir un nuevo pronunciamiento en relación al estatus jurídico de Lozoya Austin, lo cual no garantiza que el economista del ITAM quedará en libertad, sino que abre la posibilidad de que él, con una nueva determinación, pueda llevar su proceso fuera de prisión y bajo la aplicación de cualquier otra medida cautelar.

Y es que, desde el pasado 8 de abril, Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, confirmó aplicar la prisión preventiva oficiosa en detrimento de la libertad de Emilio Lozoya, misma que había sido promovida desde el 26 de enero por José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Lozoya Austin es investigado por daño al erario federal por la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero, y la búsqueda de su detención en la prisión mexicana se comenzó a fraguar después de que se filtraran imágenes del ex funcionario en un lujoso restaurante en el poniente de la CDMX, escandalizando la opinión pública.
Con el arribo de Emilio Lozoya a México, la defensa del itamita se centró en apelar al criterio de oportunidad, un recurso legal mexicano que permite dejar sin efecto cualquier tipo de pena contra el acusado si éste prueba que únicamente atendió las órdenes y voluntad de sus superiores inmediatos, que en este caso solo podrían ser el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el presidente de la república.

Para fines prácticos, lo que debe de hacer la defensa legal de Emilio Lozoya para que su representado pueda quedar en libertad, obligadamente, es demostrar que los cargos que se le imputaron sí fueron realizados por él, pero que éstos fueron ejecutados por órdenes directas de Enrique Peña Nieto y/o Luis Videgaray Caso; sin embargo, a más de un año, sólo otorgó un testimonio, el cual se filtró a la prensa y demostró, con el tiempo, que existen inconsistencias.
Cabe puntualizar que para que Lozoya Austin tenga acceso al beneficio del criterio de oportunidad, no basta con aportar una declaración, pues ésta debe de estar acompañada de evidencias probatorias de la misma; es decir, la preferencia que le estaba otorgando la FGR ante su papel como testigo protegido, se perdió cuando éste no proporcionó puntos observables y calificables por el sistema judicial para proceder contra Peña Nieto o Videgaray Caso.
Por su cuenta, tanto el ex presidente como el ex secretario federal continúan gozando de su libertad y pleno ejercicio de sus derechos en virtud de que no se ha presentado ni una sola evidencia probatoria de su probable participación en algún tiempo de acto de corrupción en relación a las compañías petroleras.
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