
El Cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara, en el estado de Jalisco, José Francisco Robles Ortega, denunció que al visitar los municipios de Totatiche y Villa Guerrero, en el norte de la entidad, fue detenido por grupos delincuenciales e interrogado.
Aseguró que las autoridades eclesiásticas de las parroquias deben pedir permiso al jefe de plaza para llevar a cabo las fiestas patronales y, a su vez, el crimen organizado les exige el 50 por ciento de lo recaudado en los festejos; denunció el Cardenal este domingo.
“Le exigen a uno decirle de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué hace, o sea que eso es como lo más normal, lo más natural”, declaró el clérigo durante una rueda de prensa.
Sus declaraciones tuvieron lugar luego de que anteriormente Sigfrido Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, expusiera que vivió una situación similar en Huejuquilla el Alto en tierras tapatías. “El percance que sucedió al señor obispo, no debemos acostumbrarnos, pero es el pan de cada día”, expresó Robles Ortega.

Asimismo, dio a conocer que no es la primera vez que pasa por esta situación, al tiempo que agregó no tener miedo, sino precaución. También, pidió a las autoridades federales que brinden seguridad y protección a los habitantes de la región, pues se enfrentan condiciones de alta inseguridad.
“No es la primera vez que me pasa. Ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes ahí, con armas gruesas, armas largas”, agregó la autoridad clerical.
Por su parte, lamentó la situación de violencia generalizada que actualmente se vive en México, pues -comentó- los sacerdotes al ser ciudadanos que no piden privilegios al transitar, también padecen esa inseguridad. “A todos los que pasan, les hacen lo mismo. Lo que yo digo es: por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado te obstruye, te detiene, te investiga”, cuestionó el hombre de 73 años de edad.
Respecto al cobro de piso presentado al norte de la entidad, indicó que las “parroquias que están en esa zona, para poder celebrar la fiesta patronal, es decir, la feria del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza. El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta, pero tiene que reportarse con el 50 por ciento de los resultados de la fiesta”, reveló.

Por su parte, la Iglesia Católica instó al gobierno federal a que revise la actual estrategia de seguridad, luego de que el pasado 20 de junio dos sacerdotes de la comunidad jesuita fueron asesinados: Javier Campos Morales, de 79 años y Joaquín Mora Salazar, de 80 años.
La arquidiócesis mexicana, a través del editorial del semanario Desde la fe de este domingo, señaló que el dolor que dejan las muertes de los dos jesuitas es grande, “pero más grande es el dolor de saber que son miles de muertos en México”.
“El asesinato de los sacerdotes jesuitas refuerza el llamado a examinar la estrategia de seguridad en México, pues vivimos una ola de violencia histórica: el número de asesinatos en lo que va del sexenio supera las 122,000 personas”, se lee en la publicación.
En tanto, señalaron que la promesa del gobierno de México por atrapar al responsable del doble homicidio no es suficiente, pues “atrapar a un líder del crimen organizado no resolverá la violencia en México”.

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