Los Santelices, empresarios ligados a La Mayiza por EEUU, pierden primer round contra la UIF por bloqueo de cuentas

Un juzgado federal en Tijuana rechazó las dos primeras demandas de amparo con las que los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos operadores financieros de La Mayiza, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, según reportó el semanario Zeta.

La resolución judicial abarca también las cuentas de al menos cuatro empresas vinculadas a Moreno Gómez Santelices: Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group, todas con recursos inmovilizados en instituciones bancarias desde finales de septiembre de 2026.

Las demandas de amparo se presentaron en un juzgado federal de Tijuana después de que la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, ejecutó el Acuerdo 471/2026 del 28 de septiembre de 2026. Esa orden formalizó el congelamiento de las cuentas de ambos empresarios en el sistema financiero mexicano.

La OFAC vincula a Moreno Gómez Santelices con operadores del Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices como operador de una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que, según la dependencia estadounidense, lavaba dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como jefe de plaza de Tijuana para La Mayiza.

El Tesoro documentó que Moreno Gómez Santelices actuaba como asociado de Jesús González Lomelí, un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa que fue sancionado por la OFAC en septiembre de 2025. La misma designación lo vinculó con los hermanos Alfonso y René Arzate García y con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

Junto con la promotora de conciertos Conciertos y Espectáculos Inhouse, la OFAC sancionó otras nueve empresas atribuidas al mismo operador: Grupo Baja Fixer, Inteliproof Efficient, Capital Privado Baja y Capital Privado Bursátil —que operan comercialmente como “Private Equity Baja”—, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colaborativa.

Inteliproof Efficient aparece registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada con número DGSP/291-22/4718, vigente desde 2022 hasta diciembre de 2026, y ofrecía servicios de seguridad electrónica, CCTV y blindaje vehicular en Tijuana. Capital Privado Baja, por su parte, se presentaba en su sitio web como un family office con oficinas en el bulevar Salinas de Tijuana, con servicios de administración patrimonial, mercado cambiario y “soluciones para gobierno”.

Conciertos y Espectáculos Inhouse, bajo el nombre comercial In House Espectáculos, encabezó la apertura de la Arena Valle de Guadalupe en mayo de 2024 con un concierto de Christian Nodal. La cartelera del recinto sumó presentaciones de Ricky Martin, Carín León, Banda MS, Los Aguilar, Luis Miguel y Los Ángeles Azules ese mismo año. La promotora acumula 36,000 seguidores en Facebook, aunque su última publicación data del 31 de diciembre de 2025.

Las designaciones contra Moreno Gómez Santelices forman parte de un paquete más amplio anunciado a finales de septiembre de 2026, en el que la OFAC incluyó a 21 personas físicas y 25 entidades corporativas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados. Las sanciones se sustentaron en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que facultan al Tesoro para bloquear activos de quienes aporten apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.

En ese mismo paquete, el Tesoro también designó a Carlos Villela Gómez Santelices, con un perfil de negocios descrito como similar al de Moreno, así como a Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, señalados por participar en el lavado de dinero del cártel en Tijuana a través de empresas conjuntas con González Lomelí.

Exesposo de la gobernadora también perdió

En un amparo separado, la misma suerte corrió Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Según Zeta, Torres acudió el 16 de octubre de 2026 al Juzgado Segundo de Distrito en Mexicali para impugnar el bloqueo de sus cuentas en Banorte y su incorporación a la lista de personas con fondos congelados. Seis días después, el juzgador rechazó la medida cautelar con el mismo argumento que se aplicaría a los Gómez Santelices: la inmovilización ordenada por la UIF responde a normas de orden público que buscan resguardar el sistema financiero del país.

La OFAC señaló que Torres Torres utilizó su influencia política para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa y proteger sus operaciones en Baja California. El Tesoro lo vinculó con una alianza directa con “El Ruso”, líder de la facción de Los Rusos que controla la plaza de Mexicali para Los Mayos.

El mismo día de las sanciones, el 29 de septiembre, Torres rechazó las acusaciones en un comunicado público: “Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México”, afirmó, y anunció gestiones ante la OFAC para revertir la designación.

El Tesoro también sancionó cinco empresas atribuidas a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos: Vida Orgánica Tijuana —que opera como “Vive Orgánico Fresh Market”—, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF. Entre los socios originales de Vida Orgánica figuraban la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres, según documentos societarios. Una rectificación de escrituras del 10 de septiembre de 2026 retiró a la mandataria de la sociedad, 19 días antes del anuncio de las sanciones estadounidenses.

Con los tres amparos rechazados en menos de dos semanas —dos en Tijuana y uno en Mexicali—, los empresarios señalados por el Tesoro enfrentan un frente judicial cerrado mientras sus cuentas permanecen congeladas en el sistema financiero mexicano.