En aras de lo que sería la recta final de su administración, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a jactarse de las promesas que su Gobierno ha cumplido, tal y como lo refrendó durante su campaña presidencial, según él.
Fue durante su toma de protesta en 2018, cuando el Jefe del Ejecutivo planteó en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) los 100 compromisos principales que llevaría a cabo durante su sexenio, entre los que se incluyen: la construcción de megaproyectos (Tren Maya, AIFA, etc.), la consulta para la revocación de mandato, abrir las puertas de Los Pinos, entre otros más.
De esa manera, el 17 de junio pasado, López Obrador presumió ya haber resuelto 99 de éstos, siendo el único faltante el de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa. No obstante, para este martes (21), admitió “haberse equivocado” al señalar que no sería uno, sino dos los compromisos restantes por cumplir.
A ocho años de Ayotzinapa y con pocos avances
En septiembre se cumplirán ocho años desde que los normalistas de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecieron en Iguala, Guerrero: un evento cuya búsqueda de justicia figura como uno de los compromisos más importantes de Andrés Manuel (e incluso de los más relevantes para la Fiscalía General de la República (FGR)).
“Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”, así es como la Presidencia tiene enlistado dicho caso, el cual, figura como la promesa 89 de 100.
Pese a ello, familiares de los jóvenes han intensificado las protestas en las últimas semanas debido al supuesto estancamiento en las indagaciones y en los procedimientos contra los presuntos responsables, tal y como ocurrió el pasado 16 de junio.
Aquel jueves, los protestantes se congregaron en Paseo de la Reforma y marcharon hasta la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para exigir una reunión con el titular, Marcelo Ebrard, y pedirle acelerar el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio, uno de los presuntos culpables más señalados.
Pero éste es sólo la punta del iceberg de varios obstáculos que han ralentizado las investigaciones: otro de ellos fue la acusación que la Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó hacia el Poder Judicial de la Federación por impedir el “acceso a la verdad y la justicia” tras exonerar a dos integrantes de una facción de Guerreros Unidos - el cártel señalado de orquestar el crimen.
A pesar de esto, Andrés Manuel ha asegurado que sus dos años restantes de Gobierno serán suficientes para llegar a la verdad: “Cuando hay voluntad, cuando hay convicciones, la justicia tarda, pero llega”, aseveró.
Descentralización: compromiso frenado por el COVID-19
El compromiso 54 de AMLO apunta a un descentralización del Gobierno Federal, es decir, reubicar las dependencias a lo largo de la República “porque todo el país es México”, se lee.
De esa manera, se vislumbró el traslado de varias comisiones como la del Deporte a Aguascalientes o la del Agua a Veracruz, así como secretarías como la del Turismo a Quintana Roo o la de Salud a Guerrero.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna dependencia ha consumado las respectivas mudanzas a casi cuatro años del inicio de la administración; esto, según AMLO, debido a que el brote de la pandemia del COVID-19 frenó los primeros movimientos, iniciados en febrero del 2020.
Por esa razón es que recién en octubre del 2021, el Gobierno Federal volvió a informar sobre las actualizaciones del proyecto pendiente de López Obrador: mientras el tabasqueño se comprometía (de nueva cuenta) a mover a la Conagua a Veracruz, la Secretaría de Salud (SSa) anunciaba el arranque de los primeros traslados de la dependencia.
De acuerdo con el secretario, Jorge Alcocer Varela, el primer personal en trasladarse al Edificio Inteligente de Gobierno, en Acapulco, fue el de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas del Secretario y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
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