Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
El amparo interpuesto por el exmandatario tenía como propósito llevar su proceso penal en libertad o con una medida cautelar diferente al internamiento del Centro de Readaptación Social (Cereso) Aquiles Serdán.
No obstante, según indicó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, el amparo interpuesto no significa que vaya a proceder, ya que sólo es un medio de defensa que tiene cualquier persona sin que tenga efectos suspensivos en el proceso.
Asimismo, precisó que para dar resolución al amparo se debe efectuar una serie de etapas que no conceden de inmediato la libertad del imputado. “Procederemos a defender la constitucionalidad del acto, pues estamos seguros que todo fue apegado a derecho”, manifestó.
Por su parte, el representante legal de Duarte Jáquez, Ricardo Sánchez Reyes Retana, confirmó a medios de comunicación que el juez admitió la demanda y esperan su resolución en los próximos días.
Cabe recordar que el amparo se interpone luego de que la Fiscalía de Chihuahua obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de César Duarte por su probable responsabilidad en delitos como peculado y asociación delictuosa con penalidad agravada.
En un comunicado publicado el pasado 6 de junio, las autoridades estatales informaron que, debido a este proceso, el ex político mexicano permanecerá en prisión preventiva durante el periodo que duren las investigaciones.
Según informó la Fiscalía, la medida fue pedida al juez porque existe un riesgo latente de que el exgobernador pueda evadir la justicia; además, se declaró que tras la evaluación médica practicada a Duarte, su estado de salud no se verá en riesgo por permanecer en el Cereso.
Esto, luego de que el Ministerio Público expuso el caudal probatorio que obra en la carpeta de investigación, misma en la que se dio a conocer la forma en que el integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros ex funcionarios estatales presuntamente cometieron ambos delitos.
Según se explicó en la audiencia del 6 de junio, entre los años 2011 y 2014, cuando Duarte fungía como gobernador de Chihuahua, y en supuesto acuerdo con funcionarios y otros actores no identificados, desviaron recursos del patrimonio estatal.
La cantidad supuestamente asciende a los 96 millones 685 mil 253 pesos, “los cuales se encontraban depositados en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaban destinados exclusivamente a fines públicos”.
Se detalló, además, que en esos mismos años se realizaron 17 pagos a dos personas morales por parte del gobierno estatal, mismas con las que había presuntos intereses personales y de negocios.
Las autoridades advirtieron que César Duarte era en ese momento presidente del Consejo Directivo y administrador de una de ellas, así como accionista mayoritario de otra.
Estos actos, revelaron, “fueron orquestados e instruidos para la entrega de los recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados”.
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