El gobierno de Tamaulipas acusó que empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desmantelaron cámaras de videovigilancia en el municipio de Hidalgo y reclamaron que eso favorece a los criminales.
Gerardo Peña, secretario de gobierno del estado, denunció que dos trabajadores de la empresa pública fueron identificados en la alcaldía que colinda con Nuevo León. El funcionario condenó las acciones, al tiempo que sugirió un atentado contra la paz en la entidad.
La CFE que está a cargo de Manuel Bartlett no respondió a Infobae México para las aclaraciones pertinentes sobre este caso, pues el funcionario a las órdenes del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca compartió en redes una fotografía donde se observaba a los trabajadores con sus uniformes oficiales.
En la imagen difundida por Gerardo Peña se muestran dos hombres que miran hacia arriba, donde está el dispositivo que los captó, presuntamente, antes de que fuera retirado por la noche. Aunque el desmantelamiento fue difundido en la cuenta del secretario, las autoridades locales no han informado mayores detalles ni tenían más reportes al ser consultadas por este medio.
Estas acciones fueron reprobadas por diversos usuarios de Twitter e incluso el gobernador de Tamaulipas amplió la publicación para más alcance. No agregó criticas ni exigencias, pero ya estaba informado del tuit en que etiquetaron al secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández.
Javier Lozano, panista opositor a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumó a los comentarios para reprobar lo denunciado por Gerardo Peña. El político atribuyó que las acciones de los empleados de la CFE eran para facilitar operaciones del crimen organizado.
La crítica de Javier Lozano se da luego de que el jefe del Ejecutivo mencionara en su conferencia matutina del pasado 12 de mayo que los militares debían medir el uso de la fuerza para procurar que no hubiese civiles abatidos, pues aún si eran enfrentamientos se debía preservar la vida.
López Obrador fue criticado por esa mención, pues hubo quienes acusaron que los criminales ya habían perdido todo rastro de humanidad al causar múltiples asesinatos, desapariciones, descuartizar a personas, secuestrar, violar, torturar o la suma de atrocidades que ha dejado la guerra contra el narco.
Sin embargo, la desactivación de cámaras de videovigilancia ocurre en un estado donde células del Cártel del Golfo han atacado y derrumbado constantemente los postes donde están colocados los dispositivos. La mayoría de las intervenciones de este tipo se han registrado en Reynosa.
De acuerdo con autoridades, los criminales actúan de esa manera en represalia a operativos que les afectan. Además, procuran que desmantelar cámaras sirva para que no sean detectados cuando colocan narcomantas. También responden de esa forma ante arrestos de relevancia.
En marzo pasado, por ejemplo, el grupo criminal fue responsabilizado de la destrucción de alrededor de 90 cámaras de vigilancia en el municipio fronterizo. En ese entonces, el alcalde, Carlos Peña Ortiz, apuntó que los operadores del Cártel del Golfo tomaron represalias tras la captura de José Alfredo Cárdenas Martínez, el Contador, uno de sus máximos líderes.
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