Con el objetivo de reforzar la seguridad del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió este jueves a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicana.
Así lo informó a través de su cuenta de Twitter el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien preside la Cámara baja del Congreso.
De acuerdo con el documento, la iniciativa propone crear el Sistema de Vigilancia y Protección para que, en coordinación con dependencias y entidades, se logren inhibir las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad de la aviación civil.
Es decir, entre las sus funciones estará identificar, seguir e interceptar aeronaves irregulares, según su fundamento; todas mediante una estrategia de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
Tan sólo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021, se registraron 720 alertamientos aéreos provocados por aeronaves que no se ajustaron a la reglamentación. Actualmente están bajo observación 281 pilotos, 274 aeronaves y 26 empresas por anomalías de funcionamiento u operación, como vuelos clandestinos, falta de mantenimiento y tripulaciones sin calificación para pilotear.
Pero además, AMLO alertó que los vacíos jurídicos o administrativos permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para transportar drogas, principalmente hacia Estados Unidos.
“Además de las amenazas tradicionales, los Estados americanos se enfrentan a desafíos más recientes, ante las denominadas amenazas emergentes de naturaleza transnacional, como la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, que requieren respuestas de índole diverso conforme a las normas y principios democráticos”, se menciona en la exposición de motivos.
La iniciativa señala que las amenazas a la seguridad nacional ocurren tanto en vuelos como en tierra, pues el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó que en 2019 ingresaron a ese país 118 toneladas de cocaína por vía aérea; ello con un costo estimado de 135 mil millones de pesos.
Asimismo, se plantea delimitar las funciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICyT) y de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) como principales responsables de garantizar el uso legal del espacio aéreo.
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