Ante la penosa cifra de ocho comunicadores muertos en el país en lo que va del 2022, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció este martes que la violencia contra los periodistas es un problema que la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) “no ha podido remontar”.
Durante la firma del Convenio del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el estado Michoacán, en la que estuvo presente el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Encinas señaló que las agresiones a la prensa son “una situación de emergencia” a nivel nacional.
En este sentido, admitió que el mecanismo de protección que otorga el gobierno federal no es suficiente para proteger a comunicadores y defensores de derechos humanos porque “no es ministerio público, no es juez para perseguir y sancionar este delito”.
Sin embargo, explicó que la prevención de los ataques es “una tarea que requiere el esfuerzo del conjunto del Estado mexicano”.
Por su parte, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó que la firma de este convenio es un instrumento necesario para la entidad y admitió que en Michoacán se tiene concentrado un alto índice de amenazas y agresiones contra quienes ejercer la labor periodística.
Cabe mencionar que el más reciente caso de asesinato a un miembro de la prensa fue el director del portal de noticias Monitor Michoacán, Armando Linares López, quien fue balaceado en el municipio de Zitácuaro.
Ataques a Loret de Mola: AMLO sólo ejerce su libertad de expresión
A pesar de lo anterior, Encinas justificó los constantes ataques que ejerce López Obrador al Carlos Loret de Mola durante sus conferencias matutinas, pues consideró lo hace en ejercicio de “su libertad de expresión”.
Al término de la firma del convenio, el funcionario federal enfatizó que quienes agreden a los periodistas en México son los grupos delictivos en contubernio con autoridades estatales y municipales, pero no el Presidente.
Y es que este 25 de abril, AMLO exhibió las imágenes de las presuntas viviendas que el conductor de LatinUs posee en el país.
Según el presidente, se tratan de una mansión en Valle de Bravo, un departamento en la zona exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México, así como un sueldo de 35 millones 200 mil pesos.
Al respecto, el periodista calificó al mandatario como “un tirano” al vengarse por la investigación sobre la lujosa “Casa Gris” en Houston, Texas (EEUU), en la que vivió su hijo, José Ramón López Beltrán, junto a su esposa Carolyn Adams, y que les rentó un directivo de Baker Hughes, empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
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